Aumenta la mora de las familias argentinas y el Congreso tiene más de 30 proyectos sobre endeudamiento sin avanzar
Las iniciativas buscan regular las tasas de interés, facilitar refinanciaciones, prevenir el sobreendeudamiento y poner límites a prácticas abusivas. El debate cobra fuerza ante las advertencias sobre el impacto del crédito caro en el consumo y la economía de los hogares.
La mora de las familias argentinas se convirtió en una preocupación creciente y llegó al Congreso, donde permanecen sin avances concretos más de 30 proyectos de ley vinculados con el endeudamiento de los hogares.
Las iniciativas presentadas por distintos bloques buscan abordar el problema desde diferentes perspectivas: regulación de las tasas de interés, refinanciación de deudas, mecanismos de alivio para consumidores, controles sobre el crédito digital y medidas para evitar prácticas abusivas durante los procesos de cobranza.
Sin embargo, hasta el momento, ninguno de estos proyectos logró avanzar hacia una discusión legislativa que permita definir una respuesta concreta frente al aumento de las dificultades de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras.
Qué buscan cambiar los proyectos sobre endeudamiento
Entre las propuestas que permanecen en el Congreso aparecen iniciativas destinadas a promover un crédito responsable, facilitar acuerdos de refinanciación y crear herramientas de “segunda oportunidad” para consumidores que quedaron atrapados en situaciones de sobreendeudamiento.
También existen proyectos que apuntan a modificar las condiciones de acceso al financiamiento y establecer mayores obligaciones para las empresas que ofrecen préstamos, especialmente a través de plataformas digitales.
El debate adquiere relevancia en un contexto en el que el costo del crédito puede dificultar todavía más la recuperación económica de los hogares y terminar impactando sobre el nivel de consumo.
Entre los legisladores que impulsaron proyectos relacionados con la problemática aparecen Miguel Pichetto, Natalia Zaracho, Itai Hagman, Guillermo Michel, Natalia De la Sota, Esteban Paulón, Victoria Tolosa Paz y Pablo Juliano, entre otros.
Crédito digital: una de las principales preocupaciones
Uno de los proyectos más recientes fue presentado por el diputado Pablo Juliano y propone establecer una regulación integral para el sistema de crédito digital.
La iniciativa plantea incorporar estándares mínimos de transparencia y responsabilidad para las plataformas financieras y busca evitar mecanismos que oculten el verdadero costo de los préstamos o que incentiven a los usuarios a tomar deuda de manera acelerada.
El proyecto también propone que los sistemas automatizados utilizados para determinar la capacidad crediticia sean transparentes y auditables, además de contemplar mecanismos de revisión humana.
Otro de los puntos está relacionado con las cobranzas. La propuesta plantea restricciones a prácticas de hostigamiento o intimidación hacia personas que mantienen deudas.
A su vez, establece que antes de otorgar un nuevo préstamo debería contemplarse la situación económica integral del solicitante, con el objetivo de detectar si ya acumula compromisos financieros que puedan derivar en sobreendeudamiento.
Buscan proteger a quienes reciben asistencia social
Otro de los proyectos pone el foco en las personas que reciben prestaciones sociales a través de billeteras virtuales.
La iniciativa fue presentada por Victoria Tolosa Paz junto con otros 26 diputados y busca establecer límites a las condiciones crediticias ofrecidas a esos usuarios, además de proteger los ingresos destinados a cubrir necesidades básicas.
Entre sus principales propuestas aparece la prohibición de utilizar prestaciones sociales como garantía o fuente de cobro preferente para los acreedores.
También contempla medidas para prevenir el sobreendeudamiento, transparentar el costo real de los préstamos y evitar condiciones discriminatorias para quienes reciben asistencia estatal.
El proyecto presta especial atención a los hogares que perciben beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar, debido al riesgo de que recurran a créditos con costos financieros elevados.
Tolosa Paz cuestionó que algunas plataformas utilicen la previsibilidad de esos ingresos estatales para ofrecer financiamiento y advirtió que, en determinados casos, el Costo Financiero Total (CFT) puede superar el 700%.
La mora y el crédito caro ponen en alerta al consumo
El debate parlamentario coincide con advertencias sobre la evolución del endeudamiento y la morosidad en Argentina.
Análisis recientes de organismos y consultoras internacionales plantearon que el costo elevado del financiamiento, combinado con una evolución débil de los salarios reales, puede profundizar las dificultades de los hogares para cumplir con sus obligaciones.
El problema no se limita a las familias endeudadas. Un aumento de la morosidad también puede tener consecuencias sobre el consumo privado, ya que los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de préstamos cuentan con menos recursos disponibles para realizar otras compras.
En ese escenario, el Congreso acumula más de 30 iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar, pero el debate legislativo todavía no consiguió traducirse en una regulación concreta.
La discusión sobre cómo proteger a los consumidores sin restringir el acceso al crédito aparece así como uno de los desafíos pendientes frente a un escenario de mayor morosidad y financiamiento costoso.