Causa ANDIS: investigan compras por $137.000 millones y convocan a 39 imputados

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una etapa decisiva y suma presión sobre el Gobierno de Javier Milei. El juez federal Ariel Lijo ordenó citar a 39 personas a declaración indagatoria en una causa que analiza posibles maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos indebidos en la adquisición de medicamentos de alto costo.

El expediente tiene como uno de sus principales focos a Suizo Argentina, la droguería cuyos directivos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, deberán presentarse ante la Justicia a partir del jueves 29 de octubre. Según la hipótesis fiscal, la empresa habría tenido una participación central en un esquema que habría condicionado contrataciones públicas y concentrado adjudicaciones millonarias durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo.

De acuerdo con el requerimiento de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 Suizo Argentina obtuvo adjudicaciones por $137.118 millones, equivalentes al 29,54% del total adjudicado por la ANDIS en ese período.

La cifra corresponde al volumen de las órdenes de compra investigadas. El eventual perjuicio económico deberá establecerse a partir del análisis judicial de las operaciones cuestionadas.

Suizo Argentina, en el centro de las compras bajo sospecha

La acusación fiscal sostiene que la presunta maniobra habría excedido el cobro de sobreprecios. Los investigadores buscan determinar si la droguería intervino en decisiones que debían permanecer bajo responsabilidad de los funcionarios públicos, desde la organización de concursos de precios hasta la selección de proveedores y la administración de pagos.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, distintas empresas habrían presentado ofertas coordinadas para simular competencia en las licitaciones. Los investigadores señalaron la existencia de archivos y planillas que anticiparían qué firma resultaría adjudicataria, los descuentos aplicados y la distribución de las operaciones.

Entre las compañías mencionadas aparece Génesis S.A., que habría intervenido como intermediaria en operaciones bajo sospecha. La fiscalía sostiene que en determinadas compras se registraron incrementos superiores al 200% y que Suizo Argentina habría influido sobre las condiciones comerciales de otras droguerías.

Uno de los ejemplos incorporados a la investigación corresponde a un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple. Según el expediente, una unidad que habría sido adquirida a $92.000 terminó siendo vendida a la ANDIS por valores de entre $3,87 millones y $4,06 millones. La diferencia forma parte de los indicios utilizados para investigar presuntos sobreprecios de hasta alrededor del 4.000%.

Suizo Argentina rechazó las imputaciones y negó haber participado de una organización destinada a manipular contrataciones. La empresa también cuestionó determinadas pruebas y sostuvo que la ANDIS representa apenas una parte de su cartera de clientes.

Los audios de Spagnuolo y las menciones al entorno presidencial

La causa adquirió dimensión nacional tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo. En esas grabaciones se describía un supuesto sistema de retornos económicos y se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem.

Las conversaciones aludían a porcentajes que presuntamente se cobraban a proveedores y a un supuesto 3% destinado a la Casa Rosada. Posteriormente, el consultor Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que Spagnuolo le había relatado presuntas maniobras de recaudación ilegal y había mencionado a integrantes del entorno presidencial.

Estos elementos forman parte del contexto político de la investigación, pero deben distinguirse de los hechos que la Justicia busca probar. Karina Milei no figura entre las personas convocadas en esta ronda de 39 indagatorias, según la información consignada en el expediente.

La nueva etapa se concentra principalmente en empresarios y operadores vinculados con las compras investigadas, mientras siguen pendientes otras citaciones relacionadas con exfuncionarios del organismo.

Viajes, pagos y presuntos favores a funcionarios

Otro de los capítulos analizados involucra al empresario Miguel Ángel Calvete, señalado por los fiscales como uno de los presuntos intermediarios entre proveedores y funcionarios.

La investigación incorporó conversaciones relacionadas con un viaje que Spagnuolo realizó a Roma e Israel en noviembre de 2024. Según la hipótesis fiscal, Calvete habría pagado pasajes y alojamiento en el marco de un intercambio de beneficios vinculado con su actividad dentro de la agencia.

Los mensajes recuperados incluyen gestiones para obtener mejores asientos de avión, reservas hoteleras y conversaciones sobre quién debía afrontar los gastos. Los investigadores también examinaron anotaciones sobre pagos y honorarios por aproximadamente US$55.000 en abril de 2024, vinculados en el expediente con relaciones comerciales de Suizo Argentina.

La fiscalía busca establecer si esos movimientos formaron parte de un mecanismo de beneficios indebidos relacionado con las contrataciones estatales.

Procesamientos e inhibición de bienes

La nueva ronda de indagatorias se produce después de avances judiciales previos. En septiembre, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 acusados por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con las contrataciones de medicamentos.

Además, Lijo amplió el procesamiento del exdirector de la agencia en otra parte de la investigación relacionada con la compra de insumos médicos y ortopédicos. Allí se identificaron diferencias de precios por más de $7.833 millones en operaciones que incluyeron medicamentos, prótesis, audífonos y elementos de movilidad.

El juez también dispuso la inhibición general de bienes de los imputados alcanzados por la medida, con el objetivo de preservar activos ante eventuales responsabilidades económicas, decomisos o reparaciones de daños.

La investigación involucra recursos destinados al Programa Federal Incluir Salud, que financia prestaciones sanitarias para personas con discapacidad y otros beneficiarios sin cobertura médica. Por eso, el expediente no solo pone bajo análisis el funcionamiento de las contrataciones públicas, sino también el destino de fondos destinados a una población especialmente vulnerable.

Cuándo declaran los empresarios de Suizo Argentina

Las indagatorias comenzarán el jueves 29 de octubre. Jonathan Kovalivker fue citado para las 9.30; su hermano Emmanuel deberá presentarse a las 10.30, y a las 11 será el turno de Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina.

El calendario continuará el 3 de noviembre con otros ejecutivos de la empresa. Las declaraciones se extenderán hasta el 26 de noviembre. De las 39 citaciones, 36 corresponden a personas que todavía no habían sido indagadas y tres a ampliaciones de declaraciones anteriores.

Por su parte, Spagnuolo, el exdirector nacional Daniel Garbellini y otros imputados no fueron incluidos en esta primera tanda de nuevas convocatorias, pese a que los fiscales habían solicitado nuevas declaraciones.

Una causa que mantiene bajo presión al Gobierno

La investigación por la ANDIS constituye uno de los principales frentes judiciales que involucran a la administración nacional. Las adjudicaciones millonarias, las diferencias de precios bajo análisis y las presuntas conexiones entre empresarios y funcionarios plantean interrogantes sobre los mecanismos de control del Estado.

El avance del expediente también mantiene abiertas las derivaciones políticas de los audios atribuidos a Spagnuolo, aunque las responsabilidades individuales deberán determinarse a partir de pruebas y decisiones judiciales.

Con los responsables de Suizo Argentina convocados a declarar, la Justicia buscará esclarecer cómo se organizaron las compras, quiénes tomaron las decisiones y si existió un sistema de beneficios indebidos detrás de las adjudicaciones.