“Delito de adulto, pena de adulto”: Milei habilitó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
A través del Decreto 53/2026, el Gobierno amplió el temario del Congreso para debatir el Régimen Penal Juvenil. La medida se oficializó tras el anuncio presidencial en Mar del Plata y anticipa un debate áspero en febrero
El presidente Javier Milei oficializó este martes la inclusión del debate por la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, una de las iniciativas más sensibles y controvertidas del programa de seguridad del Gobierno. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial, apenas horas después del anuncio político realizado por el mandatario en Mar del Plata.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el decreto lleva las firmas del propio Milei y del vocero presidencial y actual ministro, Manuel Adorni, y amplía el listado de proyectos que el Parlamento podrá tratar durante el período de sesiones extraordinarias convocadas entre el 2 y el 27 de febrero.
El texto normativo es breve pero categórico. En su artículo primero establece: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
Del anuncio político al decreto
La medida le dio respaldo jurídico al mensaje que Milei pronunció la noche anterior en un acto público en la ciudad de Mar del Plata, donde volvió a endurecer su discurso en materia de seguridad. “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”, lanzó el Presidente ante sus seguidores, dejando en claro que la baja de la edad de imputabilidad será uno de los ejes del debate legislativo de febrero.
La consigna sintetiza la postura del oficialismo, que busca instalar la idea de responsabilidad penal plena para menores que cometan delitos graves, en línea con un discurso punitivista que el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio de la gestión.
Qué propone el Gobierno
El proyecto que enviará el Poder Ejecutivo, impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia, apunta a modificar el régimen penal juvenil vigente, cuya estructura básica se remonta a normas sancionadas durante la última dictadura militar. Actualmente, la edad mínima de imputabilidad en Argentina es de 16 años.
Si bien el texto definitivo aún no fue difundido, el objetivo central es bajar ese piso etario y habilitar la posibilidad de juzgar y condenar a menores por delitos considerados graves, bajo un nuevo esquema de sanciones penales. El oficialismo sostiene que el sistema actual genera impunidad y no ofrece respuestas frente a hechos de violencia protagonizados por adolescentes.
Un debate con fuerte resistencia
La iniciativa anticipa un debate intenso en el Congreso. Sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en infancia ya manifestaron históricamente su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad, al considerar que profundiza la criminalización de la pobreza y no resuelve las causas estructurales del delito.
Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que la reforma es necesaria para “ordenar” el sistema penal y enviar una señal de autoridad en un contexto de alta demanda social por seguridad.
Con la ampliación formal del temario, el oficialismo busca acelerar el tratamiento del proyecto y capitalizar políticamente uno de los ejes más duros de su agenda. El debate por el Régimen Penal Juvenil promete convertirse en uno de los focos de mayor tensión política durante las sesiones extraordinarias de febrero.