El Gobierno desmanteló el Remediar: de 128 medicamentos esenciales a solo 6 y crece la alarma sanitaria

El Gobierno de Javier Milei redujo drásticamente el alcance del programa Remediar, una política sanitaria que durante casi 24 años permitió distribuir medicamentos gratuitos en centros de atención primaria de todo el país. La nómina nacional de referencia pasó de 128 medicamentos a apenas seis principios activos, en una decisión que reavivó las críticas por el ajuste sobre la salud pública.

El cambio quedó establecido mediante la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, publicada el 15 de octubre en el Boletín Oficial. La normativa, firmada por el ministro Mario Lugones, reemplazó el listado aprobado en 2021 y concentró las compras centralizadas en medicamentos destinados a prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares.

La medida llega después de una fuerte reducción presupuestaria y de una caída sostenida en la distribución de tratamientos. El resultado es un escenario en el que el acceso a medicamentos que antes podían obtenerse gratuitamente en los centros de salud dependerá cada vez más de la capacidad de respuesta de las provincias y de los recursos económicos de los pacientes.

Cuáles son los seis medicamentos que quedaron en el programa

La nueva lista conserva seis principios activos: ácido acetilsalicílico —aspirina—, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Se trata de fármacos utilizados principalmente para prevenir complicaciones cardiovasculares, controlar la presión arterial y reducir el colesterol.

En cambio, quedaron fuera del nuevo listado de referencia medicamentos de uso frecuente como la metformina, indicada para la diabetes tipo 2; la levotiroxina, utilizada para tratar el hipotiroidismo; la amoxicilina, un antibiótico habitual; y el salbutamol, empleado en tratamientos respiratorios como el asma.

También dejaron de integrar la nómina la loratadina, utilizada para determinadas alergias; el fluconazol, indicado para algunas infecciones por hongos; y distintos anticonceptivos.

La modificación genera preocupación especialmente entre quienes necesitan tratamientos permanentes, pero también entre familias con niños que requieren medicamentos para infecciones y pacientes que dependen de la atención primaria para sostener sus controles de salud.

La exclusión de estos fármacos del listado nacional no significa, por sí sola, que todos hayan desaparecido de cada centro sanitario. Sin embargo, implica un cambio en el esquema de compras y provisión centralizada que puede generar diferencias de disponibilidad según la jurisdicción y sus recursos.

El presupuesto cayó un 72% y las entregas se desplomaron

La reducción de la lista de medicamentos no fue un hecho aislado. Según datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación citados en el informe, los recursos destinados a Remediar cayeron un 72% en términos reales entre 2023 y 2026.

Para este año, el programa contó con alrededor de $36.000 millones, una cifra muy inferior a los niveles registrados al comienzo de la actual gestión.

El retroceso también se observa en las entregas. Un relevamiento del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), registró una caída de 37,1 millones de tratamientos distribuidos en 2022 a 14,1 millones en 2025. La disminución fue del 62% en tres años.

La reducción no afectó por igual a todas las provincias. Entre 2024 y 2025, los tratamientos dispensados cayeron un 72,4% en Chaco, un 70% en Salta, un 64,5% en Mendoza, un 61,6% en Santiago del Estero y un 61% en Misiones. En Río Negro, en cambio, el descenso fue del 2,3%.

Las diferencias muestran la dificultad de sostener una política sanitaria nacional cuando las jurisdicciones cuentan con capacidades presupuestarias muy distintas para compensar los faltantes.

Las provincias deberán afrontar más gastos

La resolución mantiene las responsabilidades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para las enfermedades y los medicamentos que ya no integran la lista de compras centralizadas. En la práctica, esto puede trasladar una mayor presión financiera a las administraciones locales.

Algunas jurisdicciones comenzaron a financiar adquisiciones propias o recurrieron a laboratorios públicos para sostener parte de los tratamientos. Sin embargo, la capacidad de respuesta depende de los presupuestos disponibles, la logística de compra y la existencia de medicamentos.

El diputado nacional Pablo Yedlin, exministro de Salud de Tucumán, cuestionó la decisión y advirtió que las compras nacionales de gran escala permitían negociar precios que las provincias difícilmente puedan conseguir por separado.

La diputada Victoria Tolosa Paz, por su parte, reclamó explicaciones al ministro Lugones en el Congreso y cuestionó la reducción de la participación nacional sin recursos adicionales para las jurisdicciones.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, calificó la medida como “un brutal y asesino ajuste que impacta en la salud de la gente”. También recordó que Remediar llegó a cubrir tratamientos vinculados con el 85% de las enfermedades más frecuentes.

El aumento de los medicamentos agrava el problema

La preocupación por el acceso a los tratamientos se suma al encarecimiento de los remedios. En Formosa, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, advirtió sobre el impacto que la reducción del programa puede tener en una provincia con una fuerte demanda de asistencia pública.

Según los datos que citó, entre junio y septiembre los medicamentos acumularon una suba del 7,12%, frente al 5,81% del índice general de precios. Solo en septiembre, los productos farmacéuticos aumentaron un 2,4%, por encima de la inflación general del 1,9%.

Para las familias que deben comprar medicamentos que antes recibían sin costo, la combinación de menores entregas públicas y precios más altos puede convertirse en un obstáculo para mantener la continuidad de los tratamientos.

La médica de familia e investigadora Camila Volij advirtió que la reducción del listado compromete el acceso a terapias para enfermedades crónicas, afecciones respiratorias e infecciones agudas. El médico Oscar Atienza, por su parte, alertó sobre las posibles consecuencias de interrumpir tratamientos para la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, que pueden derivar en complicaciones graves.

Un cambio que redefine el acceso a los medicamentos gratuitos

El Ministerio de Salud justificó la modificación en la necesidad de concentrar los recursos en las principales causas de mortalidad. La medida forma parte del Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, que busca fortalecer la detección temprana y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular.

Según los datos oficiales citados para fundamentar esa política, en 2024 se registraron 105.130 muertes por causas cardiovasculares, equivalentes al 27,9% de los fallecimientos. La cartera sanitaria también señaló que entre el 34% y el 40% de los adultos presenta hipertensión arterial.

Sin embargo, el cambio abre una discusión que excede la elección de prioridades médicas: cómo garantizar el acceso a tratamientos esenciales para una población que depende del sistema público y que no siempre puede afrontar el costo de los medicamentos.

De acuerdo con el CIIPS, alrededor de 16,3 millones de argentinos dependen exclusivamente de la salud pública. Para esa población, la provisión gratuita no representa un beneficio accesorio, sino una condición que puede determinar si un tratamiento se inicia, se sostiene o se interrumpe.

Con el nuevo esquema ya vigente y sin partidas presupuestarias adicionales previstas en la resolución, las provincias deberán enfrentar una presión mayor para cubrir parte de las necesidades que deja de atender la compra centralizada nacional. El impacto concreto dependerá de la disponibilidad local de medicamentos y de la capacidad financiera de cada jurisdicción.

El recorte de Remediar, así, no solo modifica una lista de medicamentos: también reabre el debate sobre el papel del Estado en la atención primaria y sobre quién termina pagando el costo cuando se reduce la provisión pública.