El Gobierno no consigue respaldo para cambiar la ley electoral y se enfría el plan para eliminar las PASO
Sin mayoría en el Senado y con resistencias entre sus propios aliados, la Casa Rosada tampoco logra consenso para habilitar las listas colectoras. Gobernadores y bloques dialoguistas ponen un freno a la reforma electoral que impulsa Javier Milei.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo obstáculo político en el Congreso. La reforma del sistema electoral, uno de los objetivos que la Casa Rosada buscaba impulsar antes del calendario electoral de 2027, perdió impulso por la falta de acuerdos en el Senado y por las diferencias que también aparecen dentro del propio oficialismo.
La principal apuesta del Ejecutivo sigue siendo eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), bajo el argumento de reducir el gasto público. Sin embargo, el proyecto no reúne los votos necesarios para avanzar y tampoco encuentra respaldo pleno entre los bloques aliados.
Las colectoras, una propuesta que genera más resistencia que consenso
Ante las dificultades para conseguir apoyo, en Balcarce 50 comenzó a evaluarse una alternativa: habilitar listas colectoras por distrito como parte de una negociación con los gobernadores.
La idea, sin embargo, despertó fuertes cuestionamientos, incluso dentro del oficialismo. Se trata de un mecanismo que durante años fue cuestionado por dirigentes que hoy integran el Gobierno.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a definir a las colectoras como "un retroceso", aunque posteriormente relativizó esa postura al sostener que "no encontramos un sistema mejor" dentro de las alternativas que actualmente se analizan.
Según reconocieron desde el oficialismo, sobre la mesa existen distintas posibilidades: eliminar las PASO, transformarlas en optativas, modificar su financiamiento o avanzar con un esquema de colectoras. Ninguna de esas opciones, por ahora, logró construir una mayoría legislativa.
Gobernadores y aliados también ponen reparos
El principal problema para La Libertad Avanza no pasa únicamente por el rechazo del peronismo. También encuentra resistencia entre sectores del PRO, la UCR y partidos provinciales que hasta ahora acompañaron distintas iniciativas del Gobierno.
En ese contexto, varios gobernadores comenzaron a expresar públicamente sus diferencias con la posibilidad de habilitar colectoras.
Uno de ellos fue el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, quien transmitió su rechazo durante los actos por el Día de la Independencia. A esa posición se suman también Hugo Passalacqua, de Misiones, e Ignacio Torres, de Chubut, quienes tampoco respaldarían una modificación de ese tipo.
La lectura que hacen distintos sectores opositores es que el oficialismo pretende modificar las reglas del juego sin ofrecer incentivos políticos suficientes para quienes deberían acompañar la reforma.
El Senado prioriza otros proyectos
Mientras la discusión electoral pierde fuerza, el Gobierno concentra sus esfuerzos legislativos en otras iniciativas consideradas más urgentes.
Entre ellas aparece el tratamiento del régimen de zonas frías, proyecto que el oficialismo considera clave para obtener recursos que permitan financiar parte del Presupuesto 2027 y otras partidas comprometidas.
Ese cambio de prioridades también impactó sobre la agenda parlamentaria. En los bloques dialoguistas sostienen que cualquier reforma electoral debía haberse consensuado durante el primer semestre del año y consideran que el tiempo político para modificar las reglas comienza a agotarse.
La reforma electoral entra en un escenario de incertidumbre
Con el cronograma legislativo avanzando y la discusión presupuestaria prevista para septiembre, cada vez son más los dirigentes que consideran difícil que el Congreso logre aprobar cambios profundos en el sistema electoral antes de fin de año.
Si esa situación se mantiene, el Gobierno deberá elaborar el Presupuesto 2027 contemplando el esquema electoral vigente, incluyendo los recursos necesarios para la organización de las PASO.
Por ahora, la intención de eliminar las primarias y modificar el régimen electoral permanece más cerca de una aspiración política que de un proyecto con posibilidades concretas de convertirse en ley. El oficialismo sigue negociando, pero la falta de consensos vuelve a mostrar los límites parlamentarios que enfrenta la Casa Rosada para avanzar con reformas de alto impacto institucional.