Femicidios en Argentina: octubre registró 36 víctimas y expuso las fallas de las medidas de protección
El relevamiento de MuMaLá contabilizó 239 muertes vinculadas con la violencia de género entre enero y octubre de 2026. Fue el octubre con más casos desde 2022. Entre las mujeres que habían denunciado a sus agresores, el 75% tenía órdenes de restricción, una cifra que vuelve a poner bajo discusión la eficacia de los mecanismos de protección.
Argentina cerró octubre con una cifra alarmante de violencia de género: 36 muertes vinculadas con femicidios y otras modalidades de violencia extrema, según el último informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).
El registro convierte a octubre en el mes con más casos desde 2022 y eleva a 239 el total de víctimas contabilizadas entre el 1° de enero y el 30 de octubre de 2026. El promedio es de una muerte cada 30 horas, mientras que durante el mismo período se registraron 728 intentos de femicidio.
Pero detrás de las cifras hay otro dato que interpela directamente a las políticas públicas: entre las víctimas que habían denunciado previamente a sus agresores, el 75% contaba con una orden de restricción de acercamiento o contacto. Las medidas judiciales existían, pero no alcanzaron para evitar los crímenes.
El informe también advierte sobre las consecuencias familiares de esta violencia: 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres durante los primeros diez meses del año.
239 víctimas: las distintas formas de violencia extrema
El relevamiento de MuMaLá desglosa las 239 muertes registradas en distintas categorías: 177 femicidios directos, 24 femicidios vinculados, ocho trans/travesticidios, 20 feminicidios relacionados con contextos de narcotráfico y crimen organizado y diez suicidios feminicidas.
Entre las víctimas también se encontraban 23 niñas y adolescentes de hasta 18 años, 19 adultas mayores y tres mujeres embarazadas. El informe contabilizó, además, diez trabajadoras sexuales y diez mujeres que vivían en zonas rurales.
Los números muestran que la violencia extrema atraviesa distintas edades y realidades sociales, y que sus consecuencias exceden ampliamente a las víctimas directas.
Denuncias y restricciones: el dato que vuelve a encender las alarmas
Uno de los puntos más preocupantes del documento está relacionado con las denuncias previas y las herramientas destinadas a evitar nuevos episodios de violencia.
Según MuMaLá, solo el 12% de las mujeres asesinadas había denunciado anteriormente a su agresor. Sin embargo, dentro de ese grupo, el 75% tenía una orden de restricción de acercamiento o contacto y otro 12% contaba con un botón antipánico.
La estadística expone una pregunta difícil de eludir: ¿qué sucede cuando una víctima denuncia, obtiene una medida judicial de protección y, aun así, termina asesinada?
El informe también señala que el 61% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares y que el 59% ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor.
Además, el 29% de los responsables convivía con la víctima, el 12% tenía antecedentes penales por violencia de género y el 6% pertenecía a alguna fuerza de seguridad. En el 31% de los casos, el agresor se dio inicialmente a la fuga.
Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos
La provincia de Buenos Aires encabeza el registro nacional, con 93 víctimas. Le siguen Santa Fe, con 43; Córdoba, con 13; Santiago del Estero, con 11; y Misiones, con diez.
Al observar las cifras en relación con la población femenina, Santa Fe y Santiago del Estero presentan las tasas más elevadas, con 2,1 víctimas cada 100.000 mujeres. Detrás aparecen San Luis, con 1,8, y Misiones, con 1,5.
La tasa nacional calculada por la organización se ubica en 0,9 víctimas cada 100.000 mujeres. Durante el período analizado, Formosa y La Pampa no registraron casos en el relevamiento.
728 intentos de femicidio y 179 chicos que perdieron a sus madres
La violencia de género no se mide únicamente por las muertes consumadas. El observatorio contabilizó 728 intentos de femicidio entre enero y octubre, una cifra que dimensiona la cantidad de situaciones extremas que estuvieron cerca de terminar en nuevos asesinatos.
El 41% de las mujeres asesinadas tenía hijos o hijas. En total, 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres. De ellos, al menos 86 serían potenciales beneficiarios de la Ley Brisa, que establece una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género o intrafamiliar.
El impacto de estos crímenes, por lo tanto, continúa mucho después del hecho: deja familias atravesadas por el dolor, infancias vulneradas y consecuencias sociales que requieren acompañamiento y asistencia estatal.
MuMaLá reclama declarar la emergencia en violencia de género
Frente a este escenario, MuMaLá reclamó al Gobierno nacional la declaración de la emergencia en violencias de género y el fortalecimiento de las políticas de prevención, protección y asistencia integral para mujeres y personas LGBTIQ+.
La organización vinculó el aumento de la vulnerabilidad con problemas económicos y sociales como la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento, la precarización laboral y la sobrecarga de las tareas de cuidado.
También reclamó a los gobiernos provinciales mayores recursos humanos y económicos para garantizar la atención de las víctimas y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes.
El informe vuelve a poner en evidencia que la existencia de leyes, denuncias y órdenes judiciales no alcanza si no hay mecanismos capaces de garantizar su cumplimiento y actuar antes de que la violencia termine en un femicidio.
Con 36 muertes durante octubre y 239 en lo que va del año, la advertencia es contundente: la prevención no puede limitarse a intervenir después de cada crimen. Las víctimas necesitan protección efectiva antes de que sea demasiado tarde.