Hospitales nacionales: el Gobierno reglamentó el cobro de atención a extranjeros no residentes

11 de agosto de 2026
Redacción La Plata Diario

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones. La normativa establece un procedimiento para cobrar las prestaciones a extranjeros sin residencia permanente, aunque mantiene la atención gratuita ante emergencias.

El Gobierno reglamentó este martes el cobro de las prestaciones sanitarias a extranjeros que no cuentan con residencia permanente en Argentina cuando son atendidos en hospitales administrados por el Estado nacional.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece el procedimiento que deberán aplicar los establecimientos sanitarios nacionales y reglamenta los cambios introducidos previamente por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones.

Qué establece la nueva resolución

La resolución aprueba un “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional”.

El mecanismo alcanza a los extranjeros que no tengan residencia permanente en el país y establece las condiciones para determinar cuándo corresponde cobrar las prestaciones médicas realizadas en hospitales nacionales.

En el caso de las personas que acrediten residencia permanente, uno de los requisitos será presentar el DNI que certifique esa condición.

Si el documento fue extraviado o se encuentra en proceso de renovación, la normativa permitirá presentar de manera temporal la Constancia de Residencia Permanente en Trámite, emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones mediante el sistema Radex.

Las emergencias médicas quedan exceptuadas

Uno de los principales puntos de la reglamentación establece que las emergencias médicas no podrán ser rechazadas ni restringidas, independientemente de la situación migratoria del paciente.

La norma exceptúa del régimen de cobro las prestaciones destinadas a evaluar, diagnosticar, estabilizar y tratar de manera inmediata una condición que implique un riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible.

Por lo tanto, una persona extranjera sin residencia permanente deberá recibir atención inmediata si atraviesa una emergencia médica.

Qué situaciones se consideran una emergencia

La resolución enumera diferentes cuadros que quedan comprendidos dentro de esta excepción.

Entre ellos figuran:

  • Paros cardiorrespiratorios e insuficiencias respiratorias graves.
  • Obstrucciones agudas de las vías respiratorias.
  • Diferentes tipos de shock.
  • Infartos y otras emergencias cardiovasculares graves.
  • Accidentes cerebrovasculares.
  • Estados epilépticos o convulsiones persistentes.
  • Traumatismos graves y lesiones craneales o medulares.
  • Hemorragias masivas.
  • Quemaduras extensas o profundas.
  • Sepsis y shock séptico.
  • Intoxicaciones, envenenamientos y sobredosis con riesgo vital.
  • Abdomen agudo quirúrgico y ruptura de aneurismas.
  • Emergencias obstétricas, como partos inminentes, embarazos ectópicos complicados, eclampsia y hemorragias obstétricas.
  • Emergencias pediátricas y neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.

La lista también contempla cualquier otra condición que, según el criterio fundamentado del médico responsable y los protocolos vigentes, implique un riesgo inmediato para la vida o para una función orgánica vital.

Qué pasa con los extranjeros en otras situaciones

La reglamentación diferencia las emergencias de aquellas prestaciones que no presentan un riesgo inmediato para la vida.

En esos casos, el procedimiento aprobado por el Ministerio de Salud establece las condiciones aplicables a los extranjeros que no cuentan con residencia permanente y permite avanzar con el cobro de las prestaciones realizadas en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional.

La medida se enmarca en los cambios impulsados por el Gobierno sobre el régimen migratorio y busca establecer un mecanismo concreto para aplicar el cobro de determinadas atenciones médicas a extranjeros no residentes.