Números que duelen: en los últimos dos años cerraron casi 20 mil empresas y se perdieron 276 mil puestos de trabajo

Los números que revela el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) no describen una tendencia coyuntural, sino la anatomía de un proceso más profundo: la contracción del tejido productivo durante los primeros 21 meses de Javier Milei. Un ajuste que el Gobierno presenta como cirugía regenerativa, pero que, a la luz de los datos, parece más cercano a una poda que no distingue ramas sanas de aquellas dañadas.

Desde noviembre de 2023, cuando el Presidente asumió con un programa de shock, el empleo registrado cayó en 276.624 puestos, un retroceso del 2,81%. Traducido en tiempo político: 432 empleos destruidos por día. El aparato productivo pasó de emplear 9.857.173 trabajadores a 9.580.549 en agosto de 2025. Es un termómetro frío, pero implacable: marca lo que sucede en el terreno donde no llegan los discursos, sino las decisiones de contratación, inversión y cierre.

El impacto sectorial es elocuente. La “Administración pública, defensa y seguridad social” encabeza la nómina con casi 87 mil empleos menos, una cifra que refleja la poda estatal impulsada por el oficialismo. Le sigue la Construcción, con 76.292 empleos perdidos, el termómetro clásico de cualquier ciclo económico. Después, Transporte y almacenamiento (–59.838) e Industria manufacturera (–55.941). La construcción, además, exhibe la caída más abrupta en términos relativos: 16% en apenas 21 meses.

El fenómeno no se limita a los trabajadores: se replica entre los empleadores. Allí, el dato es aún más crudo. Desde la llegada de Milei, cerraron 19.164 empresas, casi 30 por día. Es la contracara del relato sobre la “liberación de las fuerzas productivas”: una economía donde sectores enteros —transporte, comercio, servicios inmobiliarios, técnicos y profesionales— pierden miles de empleadores en un período que, se suponía, debía inaugurar un ciclo de dinamismo.

En términos relativos, el sector más golpeado también es transporte y almacenamiento, con una caída del 11,9% en la cantidad de empresas. Un dato que se replica en otros rubros sensibles, como servicios inmobiliarios (–9,9%) y construcción (–8,2%). Se trata de actividades que funcionan como nervio del mercado interno y que, cuando retroceden simultáneamente, describen algo más que un ajuste: describen un cambio estructural.

Pero quizá lo más relevante del informe sea la segmentación por tamaño de empresa. Allí se observa que las firmas de hasta 500 trabajadores explican el 99,63% de los cierres. Es decir, el ajuste no disciplinó a los grandes conglomerados, sino al entramado pyme, que es donde se produce más del 70% del empleo argentino. Las grandes empresas, aunque en menor medida, también ajustaron: concentran el 68% de los puestos destruidos.

La pregunta que surge es política: ¿este deterioro es un daño colateral inevitable del programa libertario o es el efecto no declarado de un modelo que prioriza el orden macroeconómico por sobre la capacidad productiva? El Gobierno sostiene que la estabilidad —o “la motosierra”— es el único camino posible. Pero los números del CEPA muestran que el costo no se distribuye por igual y que las pequeñas y medianas empresas cargan la mayor parte del sacrificio.

Si algo enseña la historia económica argentina es que la destrucción de empresas y empleos rara vez encuentra un proceso de reconstrucción simétrico. Lo que se cierra hoy no reaparece mañana con la sola voluntad del mercado. Ese es el dilema estructural que el informe expone: mientras el oficialismo promete que “ya se tocó fondo”, las estadísticas sugieren que el fondo tiene más profundidad de la que la política admite en público.