¡Para esto, sí hay plata!: el Gobierno aumenta el sueldo de funcionarios, salvo el de Milei y Villarruel
El Ejecutivo habilitó una actualización salarial para altos funcionarios, condicionada al superávit fiscal y sin incluir al Presidente ni a la Vicepresidenta. Un gesto político hacia adentro del Estado y una señal hacia la sociedad.
El Gobierno decidió mover una ficha sensible en el tablero del poder: descongelar los salarios de la alta jerarquía del Estado. Lo hizo, una vez más, por decreto. Y lo hizo con una precisión quirúrgica: el aumento alcanza a ministros y funcionarios, pero excluye explícitamente a Javier Milei y a Victoria Villarruel.
El Decreto 931/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, modifica un esquema salarial congelado desde diciembre de 2023 y habilita la actualización de las remuneraciones del núcleo duro del Poder Ejecutivo. No fija porcentajes ni montos. Los ata, en cambio, a los aumentos acumulados del Convenio Colectivo de la Administración Pública. Técnica administrativa. Mensaje político.
El gesto y la narrativa
En la lógica libertaria, los símbolos importan tanto como los números. Excluir al Presidente y a la Vicepresidenta no es un detalle: es parte del relato. Milei vuelve a colocarse fuera del sistema que administra. Ajusta, pero no se ajusta. Gobierna, pero no cobra.
El aumento, además, no es retroactivo, una aclaración destinada a desactivar críticas antes de que aparezcan. En un clima social todavía marcado por el ajuste, el Gobierno ensaya un delicado equilibrio entre recomponer ingresos y sostener la épica fiscal.
La cláusula que lo explica todo
El corazón político del decreto no está en el aumento, sino en la cláusula de suspensión automática. Si el Ministerio de Economía detecta déficit fiscal financiero, los salarios quedan congelados de manera inmediata, sin trámite administrativo, incluso si los incrementos ya estuvieran aprobados.
Es una cláusula inédita en su contundencia y coherente con el credo mileísta: el equilibrio fiscal como condición de posibilidad de todo lo demás. No hay negociación, no hay gradualismo, no hay excepción. Hay superávit o no hay aumento.
El trasfondo: ordenar el Estado
El decreto no se limita a las remuneraciones. Instruye a la Secretaría de Transformación del Estado a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en mérito, evaluación periódica, movilidad por competencias y remuneraciones asociadas a responsabilidades.
Es, en los hechos, un intento de reescribir la relación entre política y burocracia. Menos antigüedad, más desempeño. Menos carrera automática, más lógica empresarial. Un Estado que Milei quiere más chico, pero también más disciplinado.
Invitación incómoda
El texto invita —sin obligar— al Congreso, al Poder Judicial, a las provincias y a los municipios a replicar el esquema: si hay déficit, congelamiento salarial. Es una invitación que funciona más como presión política que como sugerencia institucional.
En especial hacia el Congreso y las provincias, donde el ajuste suele tener menos consenso que en la Casa Rosada.
El mensaje final
Con este decreto, el Gobierno habilita aumentos, pero los condiciona, los limita y los exhibe. No hay cheque en blanco. Hay contrato fiscal. Y hay una decisión clara de preservar el capital simbólico del Presidente, aun cuando eso implique diferenciarlo de su propio gabinete.
En tiempos de ajuste, Milei elige un mensaje doble:
recomponer sin desordenar, pagar sin desbordar, gobernar sin mezclarse.