Revés judicial a Milei: declaran inconstitucional el veto a la Ley de Discapacidad
El Juzgado Federal de Campana dictó un fallo clave contra el decreto presidencial que había vetado la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El juez sostuvo que la decisión del Ejecutivo vulnera tratados internacionales y pone en riesgo derechos esenciales.
En un fallo que sacude al Gobierno de Javier Milei, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, medida que había generado fuerte rechazo en organizaciones sociales, familias afectadas y sectores de la oposición.
La resolución judicial respondió a un amparo presentado por dos padres de niños con discapacidad, quienes denunciaron que el decreto del Ejecutivo provocó un “estado de incertidumbre” que ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos y la cobertura del Sistema de Prestaciones Básicas.
El magistrado dio lugar al planteo y consideró que el veto presidencial vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad. Además, recordó la “obligación de no regresividad” establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide retroceder en la garantía de derechos ya adquiridos.
En su fallo, González Charvay enfatizó que “el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación de los niños con discapacidad debe prevalecer frente a las restricciones presupuestarias”. De esta manera, resolvió anular el decreto 534/2025 y ordenó a la obra social de los menores que restituya las prestaciones, en línea con la normativa vigente.
Aunque la sentencia tiene efectos limitados al caso de esta familia, abre un precedente político y jurídico de gran peso. Para el Gobierno, significa un nuevo revés judicial que se suma a las tensiones en el Congreso, donde la oposición busca revertir los vetos de Milei en jubilaciones, discapacidad y fondos provinciales.
El fallo también refuerza el debate público sobre el ajuste y los recortes aplicados en áreas sensibles. Diversas organizaciones advirtieron que este tipo de medidas pone en jaque la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
Con este pronunciamiento, la Justicia envía un mensaje contundente: los derechos sociales, especialmente los vinculados a la infancia y la discapacidad, no pueden quedar subordinados a la lógica fiscal del Gobierno.