El Gobierno nacional oficializó la desregulación de los aranceles de los colegios privados, al eliminar la norma que durante más de tres décadas obligaba a las instituciones a informar con anticipación las cuotas y la matrícula y a contar con el aval del Estado para modificarlas.

La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 787/2025, marca un cambio estructural en el vínculo entre el sector educativo privado y el Estado, en línea con la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.

Hasta ahora, los colegios debían notificar a las familias los montos de matrícula, cuotas, plazos de pago y recargos antes del 31 de octubre (plazo que luego se había extendido al 15 de noviembre). Además, necesitaban el consentimiento de los padres y la autorización estatal para aplicar cualquier aumento.

Con la nueva normativa, esa obligación desaparece. Los establecimientos podrán fijar libremente sus valores y modificar sus tarifas según la evolución de sus costos y del mercado.

Una norma derogada después de 32 años

El decreto deroga el 2417/1993, una disposición que había sido dictada en un contexto de fuerte centralización educativa y con el propósito de evitar aumentos abusivos en un servicio considerado esencial.

El texto oficial justifica la medida al señalar que aquella regulación fue dictada “en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, cuando la educación dependía del gobierno nacional, antes de ser transferida a las provincias.

En el nuevo escenario, el Ejecutivo sostiene que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de gestión privada ha generado efectos contraproducentes que afectan su viabilidad económica”.

El argumento oficial: libre mercado y competencia

La administración Milei plantea que la obligación de informar con antelación los montos “limita la capacidad de los colegios de adaptarse a las fluctuaciones del mercado”, forzándolos a fijar cuotas más altas de lo necesario por temor a no poder cubrir sus costos luego del ciclo lectivo.

El texto argumenta que ese esquema “perjudica a las familias”, ya que las instituciones “se cubren” anticipadamente frente a la inflación, y defiende que la libre contratación permitirá “ajustar precios de manera más racional”.

En paralelo, el Gobierno afirma que la previsibilidad impuesta por el Estado podría derivar en una “precarización de la calidad educativa”, al impedir que las escuelas privadas actualicen sus valores ante el aumento de salarios docentes o insumos.

El impacto en las familias y en el sistema

La medida introduce una mayor autonomía para las instituciones privadas, pero también abre interrogantes sobre su impacto en el bolsillo de las familias.
Sin control estatal previo, los colegios podrán definir cuotas sin necesidad de justificación pública, lo que podría derivar en ajustes más frecuentes o abruptos.

Especialistas en educación privada advierten que la eliminación del marco regulatorio podría profundizar las diferencias socioeconómicas entre instituciones y dificultar el acceso de las clases medias a ciertos niveles de enseñanza.

Al mismo tiempo, el cambio se inscribe dentro de la lógica del Gobierno de “desmantelar la intervención estatal” en distintos sectores, desde las telecomunicaciones hasta la salud y la educación, bajo el principio de que “el mercado es el mejor regulador”.

Un nuevo tablero en la educación privada

La desregulación educativa consolida la idea de que la educación privada se rige por las reglas del mercado, una visión coherente con el paradigma libertario que impulsa el Presidente.
El desafío, sin embargo, será cómo garantizar la transparencia y la equidad en un contexto de inflación alta y salarios rezagados.

Mientras tanto, la medida ya reconfigura el tablero del sistema educativo argentino, donde el 30% de los estudiantes asiste a colegios privados y las provincias —que ahora tienen la competencia formal— deberán definir si adoptan o no mecanismos de control propios.