El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta un nuevo conflicto. Las empresas de colectivos confirmaron que desde este miércoles 1° de abril comenzarán a reducir las frecuencias en sus servicios como consecuencia del aumento del gasoil y la falta de actualización de sus ingresos.

La medida impactará en líneas de jurisdicción nacional y provincial, afectando tanto a recorridos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense como a servicios urbanos e interurbanos dentro de la provincia.

La decisión fue comunicada de manera conjunta por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), que advirtieron sobre la “inviabilidad” de sostener los niveles actuales de operación.

En el comunicado, las entidades señalaron que el incremento del combustible colocó al sistema en una situación crítica y remarcaron que la prestación del servicio se encuentra en “serio riesgo”. Según explicaron, la reducción de frecuencias responde a la imposibilidad de cubrir costos con los ingresos actuales, en un contexto de fuerte presión inflacionaria.

Desde el sector también reclamaron respuestas urgentes por parte del Estado y pidieron comprensión a los usuarios ante una medida que, aseguran, es inevitable si no se revisa la estructura de costos y subsidios.

Por su parte, el Gobierno nacional salió al cruce de la decisión empresaria y la calificó como una maniobra de presión. En ese sentido, advirtió que se intensificarán los controles y que podrían aplicarse sanciones a las compañías que no cumplan con los niveles de servicio establecidos.

El conflicto se da en paralelo a una nueva actualización tarifaria. El Ministerio de Transporte bonaerense informó que desde este 1° de abril rigen nuevos cuadros tarifarios para los servicios provinciales del AMBA, ajustados según el índice de inflación.

La disputa suma un nuevo capítulo a una problemática estructural que arrastra el sistema de transporte: subsidios insuficientes, costos en alza y tensiones constantes entre empresas y el Estado. Mientras tanto, los usuarios serán los primeros en sentir el impacto, con mayores tiempos de espera y un servicio reducido en gran parte del área metropolitana.