La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ahora deberá ser tratada por el Senado de la Nación Argentina.

La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, junto a bloques aliados como la Unión Cívica Radical, el PRO y otras bancadas provinciales. En contrapartida, el peronismo, sectores de izquierda y algunos bloques minoritarios rechazaron el proyecto.

La reforma propone reemplazar el sistema vigente —heredado de la última dictadura— por un nuevo régimen que contempla sanciones progresivas, que van desde medidas socioeducativas hasta penas de prisión de hasta 15 años para delitos graves cometidos por menores. Sin embargo, el texto establece que los adolescentes no podrán recibir condenas a prisión perpetua y deberán cumplir sus penas en establecimientos separados de los adultos.

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a priorizar medidas alternativas a la prisión en delitos con penas menores a tres años. Para hechos con condenas de entre tres y diez años que no impliquen muerte o lesiones graves, se prevé un enfoque orientado a la reinserción social y educativa.

Durante el debate parlamentario, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió la iniciativa al sostener que el objetivo es evitar el hacinamiento de menores en cárceles y promover su resocialización dentro de un sistema más moderno.

Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque del oficialismo y criticó el discurso de “delito de adulto, pena de adulto”, una consigna asociada a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al considerar que responde a estrategias electorales más que a políticas integrales de seguridad.

En tanto, el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, apoyó la reforma pero advirtió que la modificación de la edad de imputabilidad no resolverá por sí sola el problema del delito juvenil, y señaló el crecimiento del reclutamiento de menores por parte del narcotráfico.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman rechazó la iniciativa al considerar que ampliará las facultades policiales y podría derivar en una mayor criminalización de jóvenes de sectores vulnerables.

Por su parte, la referente del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, respaldó la baja de la edad de imputabilidad, aunque reclamó mayor claridad en el esquema de financiamiento para la implementación del nuevo sistema, al advertir que no puede recaer exclusivamente en las provincias.

Ahora, el proyecto continuará su recorrido legislativo en el Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de las reformas más sensibles dentro de su agenda de seguridad, en medio de un fuerte debate político, social y jurídico sobre el tratamiento penal de menores en Argentina.