En medio de la crisis política que desató el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional decidió suspender la auditoría que venía ejecutando sobre más de un millón de pensiones por invalidez laboral. La medida fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien dispuso frenar las bajas hasta tanto avance la investigación interna sobre las irregularidades heredadas de la gestión de Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo hoy desplazado y en la mira judicial.

La decisión llega en un contexto de máxima tensión: mientras el Congreso reinstaló la Ley de Emergencia en Discapacidad tras rechazar el veto de Javier Milei, la Casa Rosada busca contener el costo político de un caso que golpea directamente al corazón del oficialismo.

Más de 120 mil bajas bajo la lupa

Hasta ahora, la ANDIS había dado de baja 128.667 pensiones, justificando que muchas habían ingresado de manera irregular. Según cifras oficiales, 110.522 correspondían a documentos médicos repetidos, 8.107 a personas fallecidas y 10.038 a beneficiarios que habían renunciado.
Sin embargo, tras la difusión de audios en los que Spagnuolo admitía sobreprecios en la compra de medicamentos y un sistema de retornos internos, la decisión política fue congelar nuevas bajas y revisar una por una las ya ejecutadas.

Una intervención bajo sospecha

El Ministerio de Salud aseguró que durante la intervención se está analizando no solo la legalidad de los recortes, sino también el manejo administrativo de la ANDIS, que como organismo descentralizado tenía autonomía presupuestaria para compras y contrataciones.
“Ahora que la intervenimos podemos ver los primeros números, antes todo quedaba a su disposición”, admitieron fuentes oficiales.

El trasfondo político

El caso se convirtió en una pesadilla para Javier y Karina Milei: además de las denuncias judiciales, la oposición impulsa una investigación parlamentaria que podría derivar en nuevas citaciones. En paralelo, el oficialismo tuvo que retroceder en su intento de transformar a la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud, una jugada que buscaba mayor control sobre licitaciones y compras.

Mientras tanto, más de un millón de beneficiarios esperan definiciones concretas. Por ahora, el Gobierno quedó atrapado entre la necesidad de auditar el sistema y la presión social por garantizar derechos adquiridos en un área tan sensible como la discapacidad.