El Gobierno nacional rechazó formalmente un pedido judicial para revelar la ubicación de las reservas de oro de la Argentina, en el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la expropiación de YPF. La decisión se conoció este martes y se inscribe en la ofensiva de los beneficiarios del fallo que condenó al país a pagar US$16.000 millones, quienes buscan identificar activos argentinos susceptibles de embargo.

La presentación fue realizada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska, en Nueva York, y fue dada a conocer por el especialista en litigios internacionales Sebastián Maril, quien sigue de cerca el avance del expediente. Según explicó, el Ejecutivo argumentó que el oro pertenece al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que, al tratarse de un organismo independiente, el Tesoro nacional no tiene acceso a información detallada sobre su ubicación.

“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, precisó Maril en redes sociales, en un posteo replicado por la agencia Noticias Argentinas.

En la misma línea, el Ejecutivo también se negó a que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar para brindar precisiones sobre las reservas, una solicitud que había sido impulsada por los demandantes como parte de la estrategia para rastrear bienes del Estado argentino en el exterior.

No obstante, desde el Gobierno señalaron que se realizará el pedido correspondiente al Banco Central, una aclaración que no despeja del todo las dudas sobre el grado de cooperación que tendrá la Argentina frente a los requerimientos judiciales en Estados Unidos.

El trasfondo del reclamo y la estrategia de los demandantes

El rechazo se produce en un momento clave del litigio por YPF. Tras el fallo adverso dictado por Preska, los fondos beneficiarios de la sentencia intensificaron las gestiones para identificar activos que puedan ser embargados como forma de garantizar el cobro. En ese contexto, las reservas de oro aparecen como uno de los bienes estratégicos bajo análisis, junto con otros activos financieros y empresas estatales.

El objetivo de los demandantes es establecer vínculos jurídicos que permitan demostrar que determinados activos del Estado argentino pueden ser considerados ejecutables, pese a los límites que impone la inmunidad soberana. La ubicación del oro —ya sea dentro o fuera del país— se vuelve así un dato sensible dentro del expediente.

Apelación en curso y tensión financiera

Cabe recordar que la Argentina apeló el fallo condenatorio y se encuentra a la espera de una resolución por parte de la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando en instancias accesorias, como los pedidos de información y las maniobras para preservar activos.

En paralelo, el caso vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el Tesoro y el Banco Central, la autonomía formal del BCRA y el uso de las reservas en un escenario de alta fragilidad financiera. El hermetismo oficial en torno al oro refuerza la tensión política y judicial en una causa que combina impacto económico, implicancias soberanas y riesgos concretos para el patrimonio del Estado.