Uno de cada seis asalariados argentinos pasa hambre, según la UCA. El informe confirma que el empleo ya no garantiza un plato de comida. El dato erosiona el relato oficial sobre la recuperación económica y reabre la disputa política entre el Gobierno, los sindicatos y la oposición.

La Universidad Católica Argentina (UCA) volvió a poner cifras a una sensación que recorre las calles y los comedores populares: uno de cada seis asalariados argentinos sufre inseguridad alimentaria. El dato, demoledor, perfora el discurso triunfalista del Gobierno sobre la recuperación del salario real y la “revolución productiva” que promete el ministro de Economía, Federico Sturzenegger.

Según la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), el 15% de los trabajadores asalariados no logra garantizar una alimentación suficiente o de calidad. Pero el drama es todavía más profundo entre los informales y cuentapropistas, donde la cifra trepa al 25%. La estadística revela lo que el propio mercado laboral viene mostrando: la consolidación del fenómeno del “trabajador pobre”.

Un empleo que ya no alimenta

El informe de la UCA analiza los últimos tres años y marca un deterioro persistente, especialmente en los segmentos no registrados. Entre los asalariados formales, la inseguridad alimentaria afecta al 7,4%, pero entre los informales el número escala al 30,3%.
La explicación técnica es económica; la política, ideológica. La caída del poder adquisitivo, la suba sostenida de precios en alimentos y la pérdida de cobertura estatal configuran un cuadro donde tener trabajo ya no garantiza comer. En el conurbano bonaerense, epicentro del voto peronista, casi el 19% de los asalariados no accede a una dieta suficiente. En la Ciudad de Buenos Aires, apenas un 7%.

La política y el costo social del “ajuste sin anestesia”

El dato llega en un momento sensible para el gobierno de Javier Milei, que transita el primer tramo de su segundo año con un gabinete renovado y la promesa de “consolidar el cambio estructural”.

En los despachos oficiales insisten en que la “batalla contra la inflación” permitirá mejorar el ingreso real en los próximos meses. Pero el informe de la UCA desnuda la otra cara del ajuste: el recorte del gasto social, los despidos públicos y la devaluación acumulada dejaron una fractura en la base social que el libertarismo todavía no logra contener.

“El salario mínimo y las paritarias libres no alcanzan a revertir la pérdida de poder de compra. Hay trabajadores que comen menos para pagar el alquiler o los servicios”, advierte Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Su diagnóstico desarma la narrativa oficial según la cual “el sacrificio valió la pena”.

El sindicalismo se reacomoda

La CGT, que hasta ahora evitó una confrontación abierta con Milei, encuentra en este informe una nueva bandera para resistir la reforma laboral que el Ejecutivo pretende discutir en el Congreso. “No hay reforma posible si el trabajador con empleo pasa hambre”, repiten en la sede de Azopardo.

Los dirigentes sindicales ven en el deterioro social un terreno fértil para recuperar poder de negociación y reposicionarse ante un Gobierno que busca disciplinar a los gremios. “Si el hambre entra a las fábricas, la conflictividad va a crecer”, anticipa un referente de la UOM.

La rosca detrás del número

En la oposición, el informe de la UCA se leyó como una validación del discurso que intenta instalar el peronismo: el ajuste libertario “reordena los números, pero destruye el tejido social”. Gobernadores y legisladores del PJ ya planean citar al ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello, para dar explicaciones en el Congreso sobre el aumento del hambre entre los ocupados.

En el oficialismo, en cambio, prefieren mirar el vaso medio lleno: el dato, aseguran, corresponde al promedio 2022–2024, cuando la inflación aún no había cedido. Pero las comparaciones de la UCA muestran lo contrario: la inseguridad alimentaria subió incluso en los meses de estabilización de precios.

En la Casa Rosada temen que este tipo de informes erosione el “relato de la épica” que Milei necesita para sostener su liderazgo y justificar las reformas estructurales. Sin resultados visibles en los bolsillos, el discurso del “fin del populismo” empieza a chocar con la realidad del changarín que no llega a la cuarta semana.

Una radiografía social sin maquillaje

El estudio de la UCA, basado en 2894 casos en todo el país, confirma un fenómeno que trasciende coyunturas: la desvinculación entre empleo y bienestar. La economía argentina, aún con crecimiento intermitente, produce trabajo precario, sin cobertura y con ingresos que no garantizan una canasta básica alimentaria.

En ese contexto, el hambre deja de ser un problema de los excluidos y se convierte en un síntoma estructural de la nueva economía informal. La informalidad, lejos de ser residual, se consolida como el motor del sistema.

El dilema libertario

El Gobierno enfrenta una paradoja: el ajuste que prometía ordenar las cuentas públicas empieza a mostrar sus límites políticos. Con el dato de la UCA sobre la mesa, Milei deberá decidir si profundiza el camino del equilibrio fiscal o si abre una válvula de contención social antes de que el malestar se traduzca en protesta.

La historia argentina enseña que ningún proyecto de poder sobrevive con hambre en los hogares asalariados. Y aunque el discurso libertario intente convencer de que “la pobreza es culpa del Estado”, la sociedad empieza a preguntarse si el mercado, por sí solo, tiene algo más que ofrecer que promesas.