La Justicia bonaerense avanza en una investigación que sacude a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Ocho efectivos de Seguridad Vial fueron detenidos acusados de integrar una red de extorsión que operaba sobre la Ruta Nacional 8, principalmente en la zona de Colón, aunque con ramificaciones en Junín y Pergamino.

Según la causa judicial, los agentes exigían dinero a conductores y transportistas para evitar multas, secuestros de vehículos o la apertura de causas contravencionales y penales.

Cómo funcionaba la red de coimas a transportistas

De acuerdo con la investigación, la maniobra se habría desarrollado entre enero de 2024 y noviembre de 2025. Durante ese período, se registraron más de 300 transferencias sospechosas que superan los $23 millones.

El mecanismo era directo: durante controles vehiculares, los policías presionaban a las víctimas con sanciones o demoras. Ante esa situación, los conductores optaban por pagar para continuar viaje.

En muchos casos, los pagos se realizaban en el momento mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales.

El rol del subcomisario y los policías detenidos

Entre los detenidos se encuentra el jefe del Destacamento de Seguridad Vial de Colón, señalado como presunto organizador de la estructura, junto a siete efectivos subalternos.

Además, la investigación apunta a posibles conexiones con otros niveles de la fuerza, incluyendo agentes con funciones en Junín y General Viamonte.

Las imputaciones incluyen asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, concusión y exacciones ilegales.

La ruta del dinero y las cuentas bajo la lupa

Uno de los datos más relevantes del expediente es el circuito financiero detectado. Según la fiscalía, los pagos convergían en una cuenta bancaria identificada con el alias “pelado.258”.

Desde allí, el dinero era redistribuido a otras cuentas y billeteras virtuales vinculadas a los policías investigados, lo que permitió reconstruir el flujo de fondos.

Incluso, uno de los casos documentados indica que a un transportista le habrían exigido $27 millones, aunque finalmente pagó $2 millones para evitar sanciones.

La investigación judicial y los próximos pasos

La causa está a cargo de la fiscal Magdalena Brandt, del Departamento Judicial Pergamino, con intervención del juez de Garantías César Solazzi.

Tras los allanamientos y detenciones, los ocho policías fueron apartados de la fuerza y permanecen alojados en distintas dependencias mientras se define su situación procesal.

El Ministerio Público Fiscal avanzará ahora con el análisis de las pruebas económicas para determinar el grado de participación de cada imputado y posibles responsabilidades superiores.

Análisis: corrupción policial y crisis de control en rutas clave

El caso vuelve a poner en el centro del debate el funcionamiento de los controles viales en Argentina y la vulnerabilidad de transportistas frente a prácticas extorsivas.

La existencia de un sistema organizado, con transferencias registradas y montos millonarios, expone fallas estructurales en los mecanismos de control interno de la Policía bonaerense.

Además, el impacto económico no es menor: este tipo de prácticas distorsiona costos logísticos, afecta la actividad comercial y refuerza la desconfianza en las instituciones.