La Quinta Marcha Federal Universitaria se realiza este jueves 15 de octubre, en medio de la disputa entre las universidades públicas y el Gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En la antesala de la movilización, la Justicia federal dispuso sanciones económicas por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios y becas.

La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien estableció una multa inicial de $100.000 por día para el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La sanción, conocida en la víspera de la protesta, busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la medida judicial vigente. El magistrado dejó abierta la posibilidad de modificar tanto el monto de las multas como los funcionarios alcanzados si persiste el incumplimiento.

Por qué la Justicia sancionó al Gobierno

La decisión se produjo después de que el juzgado considerara que el Estado no había acreditado el cumplimiento pleno de la cautelar que ordena actualizar los salarios y las becas universitarias.

A fines de septiembre, Cormick había otorgado un plazo máximo de cinco días para que el Gobierno cumpliera con la medida. Según estimaciones del sistema universitario, la aplicación de la norma implicaría una recomposición salarial cercana al 33%.

La resolución que establece las multas se apoya en el incumplimiento verificado y en un apercibimiento previo. De esta manera, la Justicia busca que la administración nacional avance con la aplicación efectiva de la ley.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), valoró la decisión y destacó que la sanción recae sobre una autoridad concreta, en lugar de quedar dirigida únicamente contra el Estado en términos generales.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto judicial tiene como eje la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del rechazo al veto presidencial.

El Gobierno promulgó formalmente la norma, pero sostuvo que las actualizaciones salariales y presupuestarias no contaban con una identificación específica de las partidas necesarias para financiarlas.

La semana pasada, el juez Cormick declaró la inconstitucionalidad de un tramo del Decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo había frenado la ejecución de la ley. El magistrado consideró que esa estrategia constituía un mecanismo no previsto por la Constitución y señaló que la propia norma contemplaba herramientas para reasignar los créditos presupuestarios necesarios.

El Gobierno apeló esa sentencia y el recurso fue concedido, por lo que quedó suspendida la decisión sobre la inconstitucionalidad del decreto. Sin embargo, la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas continúa vigente.

Marcha universitaria: las actividades y la convocatoria de hoy

La movilización de este jueves llega después de una jornada de protestas, clases públicas, asambleas y tomas en distintas facultades. Las actividades previas buscaron visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales.

Para hoy están previstas distintas concentraciones y acciones estudiantiles en la Ciudad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires convocó a reunirse desde las 13 en Plaza Houssay. A las 14, la columna partirá desde Córdoba y Junín rumbo al Congreso.

El acto central de la Quinta Marcha Federal Universitaria está previsto para las 16 frente al Congreso de la Nación.

La movilización se desarrolla en un contexto de tensión por los salarios docentes y no docentes, las becas y los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio.

Un conflicto que combina la calle y los tribunales

La sanción económica contra Santilli agrega presión judicial al reclamo universitario en el mismo día en que estudiantes, docentes y trabajadores se movilizan para exigir el cumplimiento de la ley.

Mientras el Gobierno mantiene sus cuestionamientos sobre el financiamiento de las actualizaciones, las universidades reclaman que se aplique la cautelar y advierten sobre el impacto de la pérdida salarial y presupuestaria.

La resolución judicial y la marcha de hoy vuelven a poner en el centro del debate el financiamiento de la educación superior pública y el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Congreso y la Justicia.