Una causa nacida en los tribunales de Pilar terminó desbordando su cauce original y convirtiéndose en un conflicto de alto voltaje político. El allanamiento al dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe, uno de los denunciantes del caso de la mansión de Villa Rosa vinculada a la AFA, activó un enfrentamiento directo entre Elisa Carrió y el fiscal Germán Camafreita, con acusaciones cruzadas, llamados telefónicos bajo sospecha y una denuncia por extorsión que ahora ocupa el centro de la escena.

Lo que en principio parecía una investigación penal acotada derivó en una pulseada institucional que involucra al Ministerio Público bonaerense, a la conducción nacional de la CC y a causas sensibles que tocan intereses del fútbol y del poder político provincial.

Un allanamiento que encendió la mecha

La medida judicial contra Yofe fue dispuesta a partir de una denuncia presentada por Atilio Ormeño, exchofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Según la acusación, Yofe habría participado de maniobras extorsivas vinculadas a declaraciones testimoniales en causas sensibles, una imputación que el dirigente niega y que su espacio político considera una represalia.

El operativo, realizado en Villa Rosa mientras Yofe se encontraba fuera de la ciudad, funcionó como disparador del conflicto. Carrió calificó el procedimiento como un “mensaje mafioso” y decidió involucrarse personalmente, acompañando a su dirigente a la fiscalía y denunciando irregularidades en la actuación judicial.

El informe que tensó la cuerda

La escalada llegó cuando el fiscal Camafreita elevó un informe interno a sus superiores en el que dejó constancia de llamados telefónicos recibidos durante el allanamiento, entre ellos uno atribuido a la propia Carrió. En ese documento, el fiscal sostuvo que la líder de la CC le exigió explicaciones y lanzó advertencias sobre las consecuencias de avanzar con la causa.

El contenido del informe, que también fue remitido al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, marcó un punto de inflexión: el conflicto dejó de ser político y pasó a tener dimensión institucional.

Desde la Coalición Cívica evitaron pronunciarse formalmente sobre ese escrito, pero ratificaron su respaldo a Yofe y cuestionaron con dureza el accionar de la fiscalía.

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La causa de fondo: extorsión y poder

La investigación que motiva el allanamiento describe un presunto intento de extorsión en el que se habrían utilizado datos personales, advertencias laborales y promesas de dinero para condicionar declaraciones judiciales. En ese marco, Yofe aparece señalado como partícipe de un encuentro en el domicilio del denunciante, versión que su defensa rechaza y califica como inconsistente.

La abogada de la CC, María Pace Wells, puso el foco en los tiempos de la denuncia, la rapidez de las medidas y la fragilidad probatoria, al sostener que el allanamiento se ordenó únicamente sobre la base de testimonios familiares y sin evidencia autónoma contundente.

Teléfonos, dispositivos y una disputa por la prueba

El secuestro de celulares y computadoras durante el procedimiento abrió otro frente de conflicto. Carrió sugirió públicamente que detrás del interés por los dispositivos podría haber un intento de acceder a información sensible vinculada a la AFA, mientras que la defensa de Yofe denunció excesos policiales y adelantó que pedirá la nulidad del allanamiento.

El juez interviniente ya autorizó la apertura de los dispositivos secuestrados, lo que anticipa una nueva etapa en la investigación, con impacto directo en una causa que ya dejó de ser estrictamente penal para transformarse en un caso político.

Más que una causa judicial

El trasfondo expone algo más profundo: la colisión entre una dirigente con peso histórico en la denuncia pública y un sistema judicial que reclama autonomía. En ese choque, cada paso procesal adquiere una lectura política y cada declaración amplifica la tensión.

Mientras la fiscalía avanza con la investigación por extorsión, Carrió redobla la ofensiva discursiva y denuncia una persecución contra quienes, según sostiene, tocaron intereses demasiado sensibles.

En Pilar, la causa sigue su curso. Pero el conflicto ya trascendió el expediente. Ahora se discute poder, límites y quién controla el sentido de la verdad judicial.