En la Argentina, los escándalos de corrupción no suelen nacer de estructuras clandestinas, sino de organismos creados —paradójicamente— para asistir a los sectores más vulnerables. La indagatoria que hoy deberá afrontar Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), es una confirmación de ese patrón: las áreas más sensibles del Estado tienden a convertirse en cajas opacas donde la política cree que puede administrar discrecionalidad sin controles.

Spagnuolo llegará a Comodoro Py a las 13, convocado por el fiscal Franco Picardi, quien intenta reconstruir si existió en ANDIS un esquema de direccionamiento de contrataciones y cobro de coimas en torno a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Una acusación doblemente corrosiva: por las presuntas maniobras y por la población sobre la que habría impactado.

El origen del caso y la arquitectura del presunto sistema

La sospecha nació con la difusión de audios en los que Spagnuolo habría descrito un circuito informal de retornos ligado al Programa Incluir Salud, que presta cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas. Esa evidencia derivó en su salida del organismo y abrió una investigación que, con el correr de las semanas, fue ganando volumen institucional.

Picardi sostiene que ANDIS habría funcionado como un espacio con un “esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas”, apoyado en el sistema informático SIIPFIS, cuya función original era dotar de transparencia a los procesos, pero que según la hipótesis de la fiscalía se habría utilizado para lo contrario: otorgar apariencia de limpieza a decisiones previamente acordadas.

La causa involucra a otros funcionarios y proveedores: Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Santich, entre otros. Una lista heterogénea que revela lo que suele advertirse en los expedientes de corrupción: la combinación de decisores políticos, intermediarios y actores privados.

La estrategia defensiva: entre la negación y la inteligencia artificial

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, intenta desactivar el eje del caso: los audios. Según su planteo, el material no sería auténtico y podría haber sido generado o manipulado con inteligencia artificial. Un argumento que, aunque improbable, se vuelve más verosímil en tiempos en los que la tecnología puede imitar voces con precisión quirúrgica y donde ya se han registrado operaciones políticas que recurren a estos recursos.

El punto central es si los peritajes podrán establecer la autenticidad o falsedad de las grabaciones. Si son reales, el caso avanzará sobre un terreno sólido; si no lo son, será una señal preocupante sobre la vulnerabilidad de los procesos judiciales frente a nuevas herramientas de manipulación.

Lo que está en juego

Más allá de los nombres propios, el expediente pone bajo examen la lógica de funcionamiento de un organismo clave. ANDIS administra recursos destinados a una población sin capacidad de demanda política, lo que convierte al organismo en un espacio particularmente sensible y, al mismo tiempo, históricamente expuesto a abusos.

La indagatoria de hoy no definirá el futuro judicial de Spagnuolo, pero sí marcará el tono del proceso. Y, sobre todo, dejará al descubierto una vez más el problema estructural: un Estado que gestiona miles de millones sin sistemas de control suficientemente robustos, y una política que suele creer que las áreas de mayor sensibilidad social son, paradójicamente, las más fáciles de capturar.