Un oficio del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, irrumpió este martes en la Cámara de Diputados en plena sesión especial. El documento, enviado por pedido del fiscal Federico Domínguez, solicitaba la autorización del cuerpo legislativo para avanzar con allanamientos y medidas judiciales en el marco de la causa que investiga al diputado José Luis Espert.

La solicitud judicial se origina en la denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, luego de que salieran a la luz documentos de la Justicia de Estados Unidos que vinculan a Espert con el empresario Fred Machado, recientemente extraditado a ese país por causas de lavado de activos y narcotráfico.

De acuerdo al oficio, Mirabelli pidió mantener el secreto de sumario y evitar la difusión de los detalles del procedimiento, a fin de no entorpecer la investigación en curso. Sin embargo, la noticia generó una conmoción política inmediata dentro del recinto, donde la oposición exigió transparencia sobre los alcances del pedido judicial.

“Estamos votando a ciegas”, fue la frase más repetida por los diputados durante el debate, que se extendió por más de una hora. Algunos propusieron realizar una sesión secreta, prevista en el reglamento parlamentario, para conocer los pormenores de las medidas antes de definir su voto, pero esa alternativa fue descartada.

Finalmente, y tras intensas negociaciones, la Cámara aprobó el pedido del juez por amplia mayoría, habilitando a la Justicia a avanzar en las medidas solicitadas. La resolución aclara, no obstante, que Espert no podrá ser detenido, pero sí se podrán realizar allanamientos y secuestros de bienes en propiedades vinculadas al legislador.

 

 

 

 

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El libertario, que hasta hace pocos días presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se encuentra actualmente de licencia, tras una serie de escándalos que lo obligaron a renunciar a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires. Su caída en desgracia comenzó luego de que se conociera un giro de 200 mil dólares desde una empresa de Fred Machado a una cuenta a su nombre.

Espert primero negó las acusaciones, pero ante la presión pública y las pruebas documentales, terminó reconociendo el vínculo financiero con el empresario argentino detenido. Desde entonces, su figura quedó bajo la lupa judicial y política, con pedidos de renuncia y sanción desde distintos sectores.

El juez Mirabelli y el fiscal Domínguez avanzan ahora en la etapa de recolección de pruebas y medidas de aseguramiento de bienes, lo que incluye allanamientos a domicilios y oficinas vinculadas al diputado. Según fuentes judiciales, el objetivo es rastrear transferencias, contratos y documentación bancaria que podría consolidar el vínculo con Machado.

En paralelo, el empresario fue trasladado desde su casa en Viedma (Río Negro), donde cumplía arresto domiciliario, a una unidad penal federal, mientras espera su extradición a Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso Machado se ha convertido en uno de los mayores escándalos financieros con impacto político del año.

La situación de Espert representa un nuevo golpe para el oficialismo de Javier Milei, que acumula semanas de crisis entre renuncias, denuncias y fallos adversos. En el Congreso, la oposición avanza en la conformación de una comisión especial para analizar su conducta y evaluar su expulsión definitiva del cuerpo.