La Inspección General de Justicia (IGJ) intentó bajar el tono a la tensión entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su titular, Daniel Vitolo, negó cualquier iniciativa para intervenir la casa madre del fútbol nacional. Sin embargo, dejó claro que el organismo no está fuera de la mira y debe cumplir con una larga lista de obligaciones pendientes.

“Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”, afirmó en declaraciones a radio Rivadavia. Vitolo sostuvo que la IGJ no planea recomendar una intervención al Ministerio de Justicia. “No está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia”, reiteró para despejar rumores.

Pese a esa aclaración, el funcionario fue categórico al remarcar que la AFA continúa bajo la órbita de control de la IGJ debido a que no terminó los procedimientos legales requeridos para formalizar el traspaso de sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires. La asamblea aprobó la mudanza, pero la resolución no es válida hasta que se modifique el estatuto, se presente la documentación correspondiente y se cumplan los trámites administrativos, incluida la notificación final a la jurisdicción porteña.

“La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, subrayó Vitolo.

Según detalló, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia tampoco presentó el estatuto reformado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva, elegida tras una asamblea que adelantó la renovación de autoridades por cinco años. Esa decisión fue impugnada por la IGJ y el expediente se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema.

A esto se suma una deuda informativa que arrastra desde 2017. Vitolo explicó que la AFA tiene inconsistencias contables por USD 111 millones y partidas globales sin detalle preciso. “Han colocado sumas ideales sin abrirlas”, señaló. El organismo, según denunció, no respondió los pedidos de aclaración respecto al destino de esos fondos observados por la IGJ.

Para el titular de la Inspección, la AFA busca iniciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires sin antes saldar los cuestionamientos pendientes en la Capital Federal. Aseguró que no permitirá que el organismo cambie de jurisdicción sin rendir cuentas. También denunció que la AFA realizó asambleas fuera de la Ciudad y declaró públicamente que ya está bajo fiscalización bonaerense, algo que —insistió— “legalmente no es posible”.

En el plano legal, Vitolo identificó tres vías que podrían desembocar en una intervención:

• Una acción de la IGJ por violación grave de la ley, el estatuto o el reglamento.

• Una decisión de un juez penal en investigaciones vinculadas a lavado de dinero.

• Un reclamo en la Justicia Civil Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires por parte de un club afiliado, que puede derivar en medidas de control, designación de veedores o incluso remoción de autoridades.

Por ahora, ninguna de esas alternativas está en marcha, pero el mensaje quedó claro: el Gobierno no intervendrá la AFA, aunque exigirá respuestas sobre balances, estatutos y movimientos financieros que siguen bajo lupa.