En un contexto económico marcado por los recortes y la tensión entre Nación y provincias, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sorprendió con un anuncio que promete impacto tanto en el bolsillo como en la arena política. Desde sus redes sociales, comunicó un aumento del 84,21% en la jubilación mínima, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, transformando a Córdoba en una de las provincias con los haberes más altos del país.

El aumento será financiado con recursos que la Nación comenzó a transferir a la provincia tras el acuerdo alcanzado en la Corte Suprema de Justicia por la deuda de la Caja de Jubilaciones. El fallo judicial obligó al Gobierno nacional a girar $60.000 millones en 12 cuotas, como adelanto por fondos previsionales adeudados.

“Esto es posible porque Córdoba peleó lo que le corresponde”, dijo Llaryora. Y agregó: “Este tipo de decisiones reflejan el compromiso de nuestra gestión con quienes más lo necesitan, especialmente en un momento tan complejo para los argentinos”.

Además del incremento del haber mínimo, el Ejecutivo provincial otorgará un bono bimestral de $100.000 a quienes cobren hasta $1.300.000, como complemento no contributivo, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados medios.

El anuncio no solo tiene impacto económico, sino también un claro componente político. Llega en paralelo al debate nacional sobre la nueva fórmula previsional aprobada por el Congreso, que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará. En ese marco, la decisión de Córdoba se interpreta como una señal de autonomía fiscal y confrontación institucional con la Casa Rosada.

El conflicto por los fondos de la seguridad social lleva años enfrentando a Córdoba con el Estado nacional. La provincia reclama una deuda cercana a un billón de pesos por el déficit de su caja previsional no transferida. En diciembre se celebrará una nueva audiencia para actualizar los montos y definir un esquema de pago integral.

Mientras Milei endurece su discurso contra el gasto público, Córdoba lanza una política expansiva para su sistema previsional, alimentando un nuevo capítulo en la disputa federal por los recursos y posicionando a Llaryora en el tablero nacional como uno de los gobernadores más activos frente al ajuste.