El gobierno de Javier Milei transita sus horas más ásperas desde que llegó a la Casa Rosada. Golpeado por la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires y acosado por la interna libertaria, el Presidente tiene ahora un dilema institucional que lo coloca frente al espejo de su propia estrategia: vetar o no vetar.

El jueves se cumple el plazo constitucional de diez días hábiles para que el Poder Ejecutivo decida si rechaza tres proyectos sensibles: la emergencia pediátrica que garantiza recursos para el Hospital Garrahan, la ley de financiamiento universitario aprobada por amplia mayoría en el Senado, y la distribución automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), una bandera levantada por todos los gobernadores.

Una pulseada de alto costo político

La disyuntiva no es menor. Si Milei veta, quedará expuesto a un Congreso que ya demostró capacidad para juntar mayorías calificadas. La ley del Garrahan se aprobó en el Senado con 62 votos, muy por encima de los dos tercios. El financiamiento universitario quedó a apenas un voto de esa mayoría especial. Y los gobernadores, incluso los más moderados, advirtieron que un rechazo a los ATN sería interpretado como una “declaración de guerra” en pleno intento de relanzamiento del diálogo político.

En la Casa Rosada defienden la necesidad de sostener la austeridad y evitar lo que Milei denomina “misiles fiscales” de la oposición. Sin embargo, la presión social escala: el video del rector, el vicerrector y los decanos de las 13 Facultades de la UBA reclamando la reglamentación de la ley universitaria ya circula con fuerza en redes. Y el Garrahan, símbolo de la salud pública infantil, vuelve a colocarse en el centro del debate, con familias y médicos pidiendo certezas sobre su futuro.

Gobernadores en alerta

La ley de ATN representa un cambio estructural: elimina la discrecionalidad política en el reparto de esos fondos y fija un esquema automático en línea con la coparticipación. Para los mandatarios provinciales, que ya se agrupan bajo la marca Provincias Unidas, la medida implica apenas el 0,03% del PBI, pero marca un límite político: “Si convocan al diálogo y arrancan vetando esta ley, será una declaración de guerra”, advirtieron en off.

La gente viene hablando fuerte y claro.
El gobierno sigue sin escuchar, paralizado.

Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia.

Y plantarse de cara al…

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 8, 2025

Entre el veto y la derrota

El dilema es claro: si Milei veta, se arriesga a una nueva derrota parlamentaria, justo en medio de la campaña hacia las legislativas de octubre. Si deja que las leyes se promulguen automáticamente, su “muralla fiscal” quedará resquebrajada y la señal al mercado será de debilidad frente al Congreso.

Con el dólar en alza, los audios del caso Spagnuolo aún resonando y la campaña nacional en ebullición, el Presidente tiene apenas 48 horas para decidir. Su estrategia de “resistencia total” puede encontrar aquí uno de sus límites más evidentes: el choque entre la aritmética parlamentaria y la realidad social que golpea en hospitales, universidades y provincias.

El jueves, al caer el plazo, no solo se sabrá si Milei veta o no. También se pondrá a prueba cuánto margen real le queda para sostener su proyecto en un país donde la política, otra vez, lo arrincona contra la pared.