El caso del fentanilo adulterado, que ya dejó más de un centenar de muertes en el país, tuvo un giro clave con la detención del Clan García Furfaro, acusado de liderar una red empresarial vinculada a la distribución de la droga.

Los procedimientos se realizaron en simultáneo en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional, bajo la orden de la fiscal María Laura Roteta.

Los detenidos y los allanamientos

Entre los arrestados se encuentran Diego y Damián García, al frente del control de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.; Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB; Javier Tchukran, director general de ambas firmas; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente.

Todos ellos fueron localizados en sus domicilios y trasladados bajo estrictas medidas de seguridad.

En cambio, Ariel García Furfaro, considerado el jefe del clan y dueño de ambos laboratorios, no fue encontrado en su residencia del country San Diego, en Moreno, lo que generó más de dos horas de incertidumbre sobre su paradero. Finalmente, se entregó junto a su abogado en la alcaidía de Ezeiza, donde pasó su primera noche detenido.

La investigación judicial

Según la fiscal Roteta, se trata de un caso de criminalidad compleja que involucra “un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”. En su dictamen, advirtió que la magnitud del brote de intoxicaciones por fentanilo contaminado aún no está plenamente determinada.

Hoy, todos los acusados deberán prestar declaración indagatoria ante la Justicia federal. La expectativa está puesta en si los directivos asumirán responsabilidades individuales o apuntarán a un esquema más amplio de complicidades en la cadena de producción y comercialización.

Impacto político y social

El escándalo golpea al Gobierno nacional, que enfrenta fuertes críticas de la oposición por la falta de controles en el sistema farmacéutico. Organizaciones de pacientes y asociaciones médicas reclaman medidas urgentes para garantizar la seguridad de los medicamentos y evitar nuevas muertes.

En paralelo, legisladores opositores impulsan la creación de una comisión investigadora en el Congreso para determinar si hubo connivencia entre organismos estatales y el entramado empresarial del Clan García Furfaro.