La investigación por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzó con una nueva resolución judicial que profundiza las sospechas sobre un esquema de contrataciones públicas que habría beneficiado a determinados proveedores en perjuicio del Estado.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo interinamente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió los procesamientos de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa. Entre los involucrados se encuentra Diego Orlando Spagnuolo, ex titular del organismo.

La resolución extiende la investigación a operaciones vinculadas con la compra de insumos médicos y ortopédicos mediante el Programa Incluir Salud. Según el expediente, las maniobras investigadas habrían involucrado a funcionarios, operadores externos y empresarios relacionados con firmas proveedoras de la agencia.

El dato económico que sobresale de la investigación es la cuantificación provisoria de diferencias de precios por $7.833.872.357,24, detectadas al comparar operaciones de medicamentos e insumos con valores de referencia.

Spagnuolo y otros señalados por la investigación

La resolución amplió los procesamientos de Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, a quienes la investigación atribuye roles de jefatura dentro de la presunta asociación ilícita. También alcanzó a Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, señalados como integrantes de esa estructura.

Los cinco ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, en una decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.

En esta nueva etapa, la Justicia extendió la imputación a contrataciones del rubro insumos y atribuyó, según el caso, delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada contra la administración pública nacional. En determinados casos también se investigan hechos vinculados con el presunto lavado de activos agravado.

Los procesamientos constituyen decisiones judiciales que consideran reunidos elementos suficientes para avanzar contra los imputados en esta etapa del proceso. No equivalen a una condena definitiva ni eliminan la necesidad de determinar la responsabilidad individual de cada persona.

Más de $7.833 millones en diferencias de precios

Uno de los puntos centrales del expediente es el relevamiento de las contrataciones realizadas para adquirir medicamentos e insumos médicos. La investigación examinó seis segmentos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurología, sillas de ruedas y andadores, y traumatología.

A partir de un análisis técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos $1.849.277.963 en determinadas operaciones de insumos médicos.

Ese monto se suma a los $5.984.594.394,24 que ya se habían identificado en el rubro medicamentos. La suma arroja un total de $7.833.872.357,24.

La propia resolución aclara que se trata de una estimación provisoria y parcial, elaborada a partir de las operaciones que pudieron compararse con precios de referencia. Por lo tanto, la cifra no debe interpretarse como un perjuicio definitivo establecido mediante una sentencia.

La dimensión económica, sin embargo, pone en primer plano la importancia de esclarecer cómo se administraron los recursos públicos destinados a prestaciones sanitarias para personas con discapacidad.

Empresarios y proveedores, bajo la lupa judicial

La investigación también alcanzó a empresarios vinculados con distintas compañías que proveían medicamentos, prótesis, insumos y equipamiento médico a la ANDIS.

Entre las personas procesadas figuran Emilio César Olguín, relacionado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; y Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.

También aparecen Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.; Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, relacionados con distintas firmas del rubro ortopédico; Humberto Gabriel Maone, vinculado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, relacionado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, vinculado con Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, relacionado con Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, vinculado con empresas proveedoras de insumos médicos.

La resolución incluyó, además, a personas que habrían tenido funciones relevantes en la estructura administrativa del organismo, en áreas relacionadas con las invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.

En otro tramo, Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro fueron procesados por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de circuitos financieros y comerciales investigados en relación con Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También se dispuso el procesamiento de Lautaro Valentín Brítez como presunto miembro de la asociación ilícita.

Por otra parte, el magistrado dictó la falta de mérito para 11 personas indagadas, lo que implica que, por el momento, los elementos reunidos no permiten adoptar una decisión definitiva sobre su situación y que la investigación debe continuar.

Un presunto esquema de contrataciones direccionadas

Según la resolución, las pruebas reunidas apuntan a un mecanismo que habría operado dentro y fuera de la ANDIS mediante la selección arbitraria de proveedores, el uso de información privilegiada, la simulación de competencia y el direccionamiento de adjudicaciones.

La hipótesis judicial sostiene que esas prácticas habrían permitido favorecer a determinadas empresas y generar beneficios económicos indebidos, con presuntos retornos para funcionarios y otros participantes.

El expediente también recupera conclusiones de la Sala II de la Cámara Federal sobre contrataciones realizadas mediante el sistema SIIPFIS. Al analizar esos procedimientos, el tribunal señaló que fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos se habrían definido por fuera de los mecanismos legítimos.

La investigación considera que la reiteración de las operaciones, las comunicaciones documentadas y los vínculos entre funcionarios, intermediarios y proveedores constituyen indicios de una actuación coordinada. La responsabilidad de cada imputado, no obstante, deberá establecerse de manera individual a medida que avance el proceso.

Recursos públicos destinados a personas con discapacidad

El caso tiene una dimensión que trasciende los montos bajo investigación: las compras cuestionadas estaban vinculadas con medicamentos, prótesis, audífonos, sillas de ruedas y otros elementos destinados a atender necesidades sanitarias.

Por eso, el esclarecimiento de las presuntas irregularidades resulta clave para determinar si los procedimientos de contratación garantizaron competencia, transparencia y precios adecuados en el uso de fondos públicos.

La nueva resolución profundiza una causa que compromete a ex funcionarios, empresarios y proveedores, y vuelve a poner bajo examen los controles sobre las compras estatales destinadas a personas con discapacidad.

El desafío judicial será establecer cómo funcionaba el presunto circuito, qué beneficios se habrían obtenido y cuál fue la participación concreta de cada involucrado. Hasta que exista una sentencia firme, todos los imputados conservan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.