La causa por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. El abogado Gregorio Dalbón pidió al juez federal Ariel Lijo que ordene la detención de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, a partir de nuevos informes incorporados al expediente sobre las compras realizadas durante su gestión.

El planteo se conoce pocos días después de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 acusados en la investigación por presuntos sobornos, direccionamiento de contrataciones y sobreprecios en compras de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.

Dalbón sostiene que los nuevos elementos incorporados a la causa profundizan las hipótesis que ya se encuentran bajo investigación y advierte sobre la existencia de posibles riesgos procesales, entre ellos el eventual entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga.

Los nuevos informes sobre las compras de ANDIS

Entre los elementos mencionados en la presentación aparecen operaciones con diferencias significativas respecto de precios de referencia.

Uno de los casos señalados es la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por $425 millones, mientras que meses antes el PAMI había adjudicado un sistema similar por $124,2 millones.

También se mencionan diferencias de hasta 711% en otros insumos y el caso de un implante coclear adquirido a un promedio de US$62.613 por unidad, frente a una referencia de mercado cercana a los US$16.975.

Los informes incorporados al expediente también detectaron situaciones que, según la documentación citada por la denuncia, requieren explicación sobre la operatoria administrativa de las contrataciones.

Entre ellas aparece una factura de Indecomm por $28,7 millones que habría sido abonada dos veces, además de adquisiciones en las que el producto entregado no habría coincidido con aquel que había sido adjudicado.

Otro informe incorporado al planteo habría detectado diferencias de hasta 4239% en determinados productos ortopédicos, mientras que también se cuestionaron adquisiciones de insumos importados cuyas diferencias frente a alternativas nacionales alcanzarían porcentajes de entre 300% y 1000%.

Los datos forman parte de informes y planteos incorporados a una investigación que todavía se encuentra en trámite. Las irregularidades denunciadas deberán ser analizadas y eventualmente acreditadas en el proceso judicial.

El procesamiento de Spagnuolo fue confirmado

El pedido de detención llega después de una decisión relevante de la Cámara Federal porteña.

El tribunal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otros 18 acusados. Según la resolución, los investigadores sostienen que existió una estructura integrada por funcionarios públicos y particulares y que se habrían producido direccionamientos de contrataciones a favor de determinadas empresas.

Spagnuolo quedó procesado por delitos que incluyen asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, de acuerdo con la resolución judicial difundida sobre la causa. El procesamiento, sin embargo, constituye una instancia del proceso penal y no equivale a una condena.

La Cámara también rechazó planteos destinados a cuestionar la validez de la investigación originada a partir de los audios atribuidos al exfuncionario. Al mismo tiempo, continúa una pericia destinada a establecer científicamente si la voz de esas grabaciones corresponde a Spagnuolo.

El vínculo con los audios que originaron la causa ANDIS

Dalbón plantea que los nuevos informes deben ser analizados conjuntamente con los audios que dieron origen al expediente.

En esas grabaciones se atribuyen a Spagnuolo referencias a un supuesto mecanismo de cobro de dinero a proveedores. La autenticidad de las voces forma parte de una pericia que continúa en trámite, por lo que las expresiones atribuidas al exfuncionario deben ser consideradas dentro de ese marco procesal.

El abogado sostiene que la aparición posterior de documentación sobre compras, precios, adjudicaciones y pagos permite profundizar las líneas de investigación abiertas a partir de aquellas grabaciones.

La Cámara Federal, al confirmar los procesamientos, también valoró mensajes y conversaciones incorporados al expediente sobre licitaciones, proveedores, pagos y adjudicaciones.

Por qué piden detener a Spagnuolo

El argumento central de Dalbón apunta ahora a los riesgos procesales.

Según el planteo, Spagnuolo ocupaba la máxima conducción de ANDIS durante el período investigado y habría tenido conocimiento de los circuitos administrativos, funcionarios y proveedores involucrados en las operaciones bajo análisis.

Por ese motivo, el abogado considera que su libertad podría representar un riesgo para la producción de prueba que todavía resta incorporar al expediente.

Uno de los elementos pendientes es precisamente la pericia sobre los audios atribuidos al exfuncionario.

La presentación también menciona un eventual riesgo de fuga. Dalbón recuerda que Spagnuolo tiene una prohibición de salida del país y hace referencia a los procedimientos realizados durante la investigación, cuando el exfuncionario fue localizado posteriormente en un country de Pilar.

Con esos argumentos, el abogado sostiene que las medidas actualmente vigentes no serían suficientes para garantizar la comparecencia del ex titular de ANDIS y preservar la investigación.

Qué deberá resolver Ariel Lijo

El pedido de detención deberá ser analizado ahora por el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación en el juzgado federal 11, actualmente vacante.

La decisión deberá determinar si los elementos planteados permiten considerar acreditados riesgos procesales suficientes para disponer una medida de coerción contra Spagnuolo.

Mientras tanto, la investigación continúa con nuevas medidas de prueba y con el análisis de las contrataciones realizadas durante su gestión en ANDIS.

El expediente busca establecer el alcance de las presuntas irregularidades, determinar cómo se realizaron las operaciones cuestionadas y establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.

La causa, de esta manera, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial por el pedido de detención del ex titular del organismo y por los nuevos informes que ponen bajo análisis el mecanismo utilizado para concretar distintas compras de medicamentos e insumos.