Por momentos, ciertos episodios de la vida pública argentina parecen escritos para desmentir cualquier pretensión de normalidad institucional. El caso de Norma Beatriz Watson, la tesorera del municipio de Pinamar filmada mientras guardaba fajos de dinero en su cartera, no es sólo el registro de una irregularidad administrativa: es la constatación de que, en determinados engranajes del Estado, la línea divisoria entre función pública y apropiación privada se ha vuelto porosa hasta la evaporación.

Watson no era una recién llegada. Llevaba 30 años en la administración local y encabezaba la Tesorería municipal. Es decir, se movía en el corazón operativo de la gestión: allí donde el Estado deja de ser un concepto y se transforma en un flujo cotidiano de recursos. La investigación interna —que comenzó el 24 de enero, cuando se detectaron inconsistencias en las cajas y movimientos contables— derivó en un seguimiento silencioso. En cuatro semanas, el municipio obtuvo material suficiente para comprender que el problema no era un error humano, sino un patrón.

El video que se viralizó en las últimas horas —y que el intendente Juan Manuel Ibarguren confirmó como prueba incorporada al sumario— muestra a la funcionaria sentada en su escritorio, tomando billetes de los registros de recaudación y guardándolos con la serenidad de quien siente que actúa dentro de un orden previsible. El faltante, según la administración, supera los siete millones de pesos. Pero la cifra, en este caso, es menos el problema que el procedimiento: doble registración de ingresos, adulteración de movimientos y utilización indebida de una cuenta. Es decir, un método.

La defensa de Watson alegó que el dinero era suyo y que, ante la inseguridad, prefería trasladarlo en la cartera. Se trata de una explicación que revela más sobre la cultura administrativa que sobre el hecho puntual: la naturalización de que la contabilidad pública puede convivir con la discrecionalidad privada sin que el límite genere alarma.

Para la Junta de Disciplina municipal, esa coartada resultó insuficiente. Convalidó la validez del material fílmico, rechazó los descargos y habilitó la cesantía inmediata. En paralelo, la Justicia avanza con una causa por defraudación al Estado, una figura que en la Argentina suele funcionar como un eufemismo para describir la degradación más profunda del vínculo entre funcionarios y contribuyentes.

Este episodio ocurre, además, en un municipio que intenta proyectar una imagen de profesionalización administrativa. Por eso el impacto político excede el monto faltante o la conducta individual: lo que está en discusión es si el Estado local es capaz de detectar sus desvíos antes de que estos se conviertan en una forma de gestión.

ESCÁNDALO EN PINAMAR

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) - Filmaron a Norma Watson, jefa de la de la tesorería de la municipalidad, guardándose billetes en su cartera.

El intendente Juan Ibargueren no se pronunció al respecto.

Leé más en ? https://t.co/ZJW6LoVe2i pic.twitter.com/E67YBwiOIi

— Noticias Argentinas (@NAagencia) November 18, 2025

La pregunta que deja el caso Watson es sencilla y, al mismo tiempo, incómoda: ¿cuánto de lo que se vio en Pinamar es un accidente y cuánto es un síntoma? En la respuesta se juega algo más que el futuro laboral de una funcionaria; se juega la credibilidad —si aún existe— de un tejido institucional que hace años parece acostumbrado a convivir con su propia erosión.