Cada movimiento tarifario en el AMBA revela más que una decisión administrativa: exhibe la arquitectura política —y fiscal— del sistema de transporte más complejo del país. El aumento que el Gobierno nacional publicará el lunes en el Boletín Oficial confirma esa lógica. El boleto mínimo de los colectivos que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires subirá a $495, un incremento de 9,7% que se aplicará esta misma semana.

La resolución lleva el sello del ministro de Economía, Luis Caputo, quien busca profundizar la baja de subsidios al transporte automotor. El objetivo es claro: mostrar consistencia en la reducción del gasto público, uno de los compromisos centrales del programa económico de Javier Milei.

El nuevo cuadro tarifario

La actualización establece los siguientes valores para los servicios del AMBA que dependen de Nación:

• 0 a 3 km: de $451,01 a $495

• 3 a 6 km: de $502,43 a $551

• 6 a 12 km: de $541,13 a $594

• 12 a 27 km: de $579,87 a $636

• Más de 27 km: de $618,35 a $678

Con este aumento, el Gobierno completa otro capítulo en la transición hacia un esquema en el que la tarifa cubra una parte mayor del costo real del servicio.

La política detrás del boleto

Históricamente, el transporte del AMBA operó bajo la órbita de la Nación, una peculiaridad derivada de su composición tripartita: Ciudad, Provincia y Estado nacional. Pero la administración Milei ensayó un rediseño: trasladó a Jorge Macri y Axel Kicillof la responsabilidad sobre las líneas que no cruzan los límites jurisdiccionales.

Esa decisión fracturó el viejo esquema unificado y produjo una desindexación de tarifas. Mientras Nación avanza con aumentos puntuales orientados a reducir subsidios, Ciudad y Provincia aplican una fórmula propia: 2% mensual más la inflación previa, con un ajuste ya previsto del 4,3% en diciembre.

El resultado es un mosaico tarifario que refleja la distribución del poder y del costo político. La Casa Rosada impulsa una corrección más agresiva; los gobiernos locales administran incrementos más graduales, conscientes del impacto sobre usuarios que dependen del transporte público para sostener su vida laboral.

El precedente electoral

El último aumento nacional había sido a mediados de julio, en la antesala del proceso electoral. Junto con las subas de mayo y junio, el acumulado en esos tres meses llegó al 21,52%. El congelamiento tácito que siguió respondió más a la dinámica política que a la lógica económica. Con la elección ya definida y el programa fiscal en marcha, la corrección vuelve a acelerarse.

La pregunta que sobrevuela es si este ritmo de aumentos es sostenible sin un rediseño profundo del sistema. El AMBA concentra más del 40% de los usuarios del país y exhibe una asimetría histórica entre tarifa real y costo operativo.

El Gobierno apuesta a que el sinceramiento tarifario reduzca subsidios y ordene las cuentas. Pero la experiencia indica que, sin integrar la política de transporte, la corrección puede convertirse en un parche recurrente: subas periódicas que no resuelven la matriz desequilibrada del sistema.