La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras la imputación en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pone el foco en el crecimiento de su patrimonio y en la consistencia de sus declaraciones juradas.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre un incremento patrimonial que no se correspondería con los ingresos del funcionario. Según el requerimiento fiscal, se detectó un aumento cercano al 500% en un período fiscal, además de posibles inconsistencias en la información declarada.

Entre los puntos bajo análisis aparecen diferencias entre declaraciones juradas, la presunta omisión de activos financieros —incluso en el exterior— y la utilización de préstamos familiares para justificar determinados movimientos de dinero.

Uno de los ejes centrales de la causa es la posible existencia de un inmueble no declarado en el country Indio Cuá, ubicado en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la denuncia, tanto Adorni como su pareja, Bettina Julieta Angeletti, estarían vinculados a la construcción de una vivienda en ese predio, que no figura en su declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción.

En los documentos oficiales, el funcionario habría consignado solo dos propiedades, sin mencionar bienes en ese emprendimiento. Los valores en ese tipo de desarrollos inmobiliarios oscilan entre los 129.000 y 249.000 dólares, lo que refuerza las sospechas sobre un posible desfasaje patrimonial.

Para avanzar en la investigación, Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución de los bienes del funcionario. Entre ellas, pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos públicos y a la propia Oficina Anticorrupción, incluyendo el detalle de sus declaraciones juradas entre 2022 y 2025.

La causa quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir los próximos pasos y evaluar si delega la investigación en el Ministerio Público.

El vuelo privado que complica el escenario

En paralelo, otro expediente suma tensión al caso. Se trata del viaje en avión privado a Punta del Este, que generó una serie de versiones cruzadas. El piloto Agustín Issin Hansen declaró que el vuelo fue abonado por el periodista Marcelo Grandio, contradiciendo la versión pública de Adorni, quien había asegurado haber pagado el traslado.

Según el testimonio, el tramo de regreso habría sido comercializado por 3.000 dólares, abonados en efectivo a través de un intermediario. Además, la factura del vuelo fue emitida semanas después del viaje, lo que también quedó bajo análisis judicial.

La investigación incluye movimientos vinculados a la empresa aérea involucrada y la compra de un paquete de vuelos por más de 42.000 dólares, lo que derivó incluso en allanamientos en oficinas del sector aeronáutico.

Las inconsistencias en los relatos y la posible relación entre el funcionario y el financiamiento del viaje abrieron la puerta a otra línea de investigación: la eventual existencia de dádivas.

Un frente judicial que crece

Con dos expedientes abiertos y múltiples medidas en curso, el caso coloca a Adorni en el centro de la escena política y judicial. La evolución de su patrimonio y las explicaciones sobre el origen de sus bienes serán claves para determinar si existen elementos que sostengan la acusación.

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta un nuevo foco de conflicto, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas vuelven a instalarse como ejes centrales del debate público.