La investigación judicial que tiene en la mira a Manuel Adorni suma nuevos capítulos y avanza sobre uno de los puntos más sensibles: el origen de los fondos utilizados para adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito.

En las últimas horas, dos mujeres fueron convocadas a declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en calidad de presuntas financiadoras de la operación. Se trata de testimonios considerados clave para esclarecer si el dinero declarado como préstamo tiene sustento real o si forma parte de una maniobra para justificar el patrimonio del funcionario.

De acuerdo a la documentación incorporada al expediente, el monto en cuestión asciende a 100.000 dólares, dividido en dos aportes. Ese dinero habría sido utilizado para concretar la compra del inmueble que hoy está bajo análisis judicial.

Uno de los elementos que despertó mayor atención en la causa es la simultaneidad de operaciones dentro del entorno familiar. El mismo día en que se concretó la compra en Caballito, la esposa de Adorni realizó otra adquisición inmobiliaria en un country ubicado en Exaltación de la Cruz. Esta coincidencia temporal es evaluada por los investigadores como un posible indicio relevante.

Con este escenario, la Justicia intenta reconstruir la ruta del dinero: desde su origen hasta su aplicación final. El foco está puesto en detectar inconsistencias, eventuales triangulaciones o movimientos que no puedan ser justificados con ingresos declarados.

La causa, que se tramita en el fuero federal, continuará con nuevas declaraciones en los próximos días. Entre ellas, se espera la participación de otras personas vinculadas a la operación inmobiliaria, incluidas quienes habrían intervenido en la venta del departamento bajo condiciones poco habituales.

En paralelo, desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires recordaron que todas las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser informadas a la Unidad de Información Financiera, como parte de los mecanismos de prevención de lavado de activos.

Con la recolección de pruebas en marcha y el análisis de los movimientos financieros, la causa entra en una etapa determinante para definir si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario.