La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentó un escrito judicial en el que desistió de la medida cautelar que había frenado la difusión de audios atribuidos a su persona, presuntamente grabados en la Casa Rosada.

La resolución había sido dictada por el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello, pero fue apelada por dueños de medios, periodistas y asociaciones de abogados que cuestionaron el alcance de la decisión.

El argumento de Karina Milei: audios ilegales y manipulados

En el escrito, Karina Milei sostuvo que los audios fueron obtenidos “ilegalmente”, que están manipulados y editados con fines políticos y que forman parte de una operación contra ella y su familia.

“La medida cautelar no fue solicitada como censura previa ni porque existiera algo incriminatorio, como algunos pretendieron instalar”, expresó.

 Investigación penal en curso

Más allá del retiro de la cautelar, Milei recordó que existe una causa penal abierta por violación a la Ley de Inteligencia, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli.

Según el escrito, los audios no afectarían ni la seguridad nacional, ni los derechos de terceros, pero su difusión constituye un delito.

“La libertad de prensa no puede convertirse en un escudo para manipular la opinión pública ni difundir audios obtenidos de manera ilegal”, advirtió la funcionaria.

Libertad de prensa vs. privacidad: un debate abierto

La presentación de Milei volvió a encender la discusión sobre los límites entre el derecho a la libertad de expresión y la protección frente a la obtención ilegal de información.

Mientras los medios y periodistas reclamaron que la cautelar era un intento de censura previa, la funcionaria insistió en que se trató de una medida de protección frente a maniobras políticas.