La Plata Diario

La Corte aprobó un protocolo que podría facilitar la prisión domiciliaria para genocidas condenados por delitos de lesa humanidad


16 de noviembre de 2026

La acordada 21/2026, firmada por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, unifica criterios médicos para evaluar pedidos de arresto domiciliario. La medida abrió una fuerte polémica porque podría beneficiar a represores como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich. Ricardo Lorenzetti no acompañó la resolución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en marcha un nuevo protocolo médico para evaluar los pedidos de prisión domiciliaria de personas detenidas que aleguen problemas de salud. Aunque la disposición no establece beneficios automáticos ni modifica formalmente las condiciones previstas por la ley, su implementación encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos por las posibles consecuencias sobre los represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

La medida quedó formalizada este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 2867/2026, que instrumenta la acordada 21/2026 aprobada la semana pasada por el máximo tribunal. El documento lleva las firmas del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y del juez Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti, en cambio, devolvió el proyecto sin firmarlo.

Entre los posibles beneficiarios de este nuevo esquema aparecen nombres emblemáticos del terrorismo de Estado, como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta, conocido como el Tigre, y el ex capellán policial Christian von Wernich, todos condenados por crímenes de lesa humanidad.

El debate no es menor: el protocolo llega en un contexto en el que cientos de represores ya cumplen sus condenas bajo arresto domiciliario y mientras los organismos de derechos humanos advierten sobre un posible retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

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Qué cambia con el nuevo protocolo de la Corte Suprema

El documento se denomina "Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados". Fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense (CMF) y busca establecer parámetros comunes para que los jueces cuenten con evaluaciones técnicas al momento de resolver solicitudes de detención domiciliaria por razones de salud.

La Corte sostiene que el instrumento no modifica las condiciones legales para acceder al beneficio. En el propio texto se aclara que "el protocolo no establece causales de procedencia ni de denegación de la detención domiciliaria", ya que la decisión final continúa en manos del órgano judicial competente.

Sin embargo, el punto que genera controversia es cómo se determinará si una persona puede recibir atención médica adecuada dentro del establecimiento penitenciario o si sus condiciones requieren cumplir la condena fuera de la cárcel.

La legislación contempla la posibilidad de prisión domiciliaria para personas enfermas cuando no pueden recibir un tratamiento adecuado en su lugar de detención, cuando atraviesan una enfermedad terminal o cuando presentan una discapacidad que justifique esa modalidad. También establece un supuesto específico para los mayores de 70 años.

En ese universo se encuentran numerosos represores condenados, muchos de ellos de edad avanzada y con distintos problemas de salud.

La Corte Suprema de Justicia

El peso del Servicio Penitenciario y la discusión por Campo de Mayo

Uno de los aspectos más sensibles del protocolo es la importancia que asigna a la información proporcionada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para establecer si existen condiciones materiales y sanitarias que permitan atender a los detenidos dentro de las unidades.

El documento advierte que "la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad". Es decir, no alcanza con que una cárcel declare contar con determinados servicios médicos, equipamiento o medios de traslado: también deberá establecerse si están efectivamente disponibles y pueden utilizarse cuando resulte necesario.

La discusión remite especialmente a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se encuentran alojados represores condenados por delitos de lesa humanidad. Durante los últimos años hubo cuestionamientos sobre las condiciones de atención médica del establecimiento y, particularmente, sobre la disponibilidad permanente de una ambulancia para eventuales traslados de urgencia.

Otro cambio relevante es que el Cuerpo Médico Forense deberá elaborar una declaración institucional sobre las condiciones de las unidades penitenciarias. De esta manera, el protocolo pone el foco en esa evaluación y establece que también deberán considerarse los antecedentes de hábeas corpus colectivos presentados por las condiciones de detención.

La modificación genera interrogantes sobre el lugar que ocuparán los relevamientos realizados por organismos de control como la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión de Cárceles, cuyos informes documentan las condiciones reales de alojamiento y atención de las personas privadas de su libertad.

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La advertencia de H.I.J.O.S. y las cifras de los condenados

La reacción de los organismos de derechos humanos fue inmediata. La Red Nacional de H.I.J.O.S. cuestionó la acordada y la definió como parte de una estrategia de "pro-impunidad".

Desde la organización advirtieron que, bajo la apariencia de un procedimiento médico, la Corte establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención que podrían facilitar el acceso a la prisión domiciliaria de quienes participaron del plan sistemático de exterminio durante la última dictadura.

El planteo también se inscribe en una discusión más amplia sobre los intentos de organizaciones defensoras de los represores de obtener beneficios judiciales para los condenados por crímenes de lesa humanidad. A fines de 2024, agrupaciones identificadas con el discurso de la denominada "memoria completa" habían impulsado un hábeas corpus colectivo para reclamar mejores condiciones de detención para los represores, aunque la presentación no prosperó.

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Las cifras permiten dimensionar el alcance de la discusión. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 1.254 personas condenadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ese total, 436 cumplen arresto domiciliario, mientras que apenas 73 permanecen alojadas en unidades penitenciarias y otras 58 se encuentran en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

El escenario expone una realidad que preocupa a los organismos de derechos humanos: una proporción importante de los condenados por crímenes de la dictadura ya no cumple sus penas en cárceles comunes.

Con la entrada en vigencia del nuevo protocolo, la discusión se traslada ahora a los tribunales que deberán resolver los pedidos concretos. La Corte sostiene que solamente fijó pautas técnicas para las evaluaciones médicas. Pero para las organizaciones de derechos humanos, el cambio puede convertirse en una herramienta que facilite nuevas concesiones de prisión domiciliaria y profundice el debate sobre el rumbo de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

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