Javier Milei volvió a elegir el atajo institucional del decreto para avanzar sobre uno de los núcleos más opacos —y más sensibles— del Estado: el sistema de inteligencia. Con el DNU 941/2025, el Presidente no solo modificó la Ley de Inteligencia Nacional. Hizo algo más profundo: recentralizó el poder informativo, ordenó actores históricamente dispersos y dejó una señal política clara sobre quién conduce, quién coordina y quién obedece.

La reforma coloca a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en el vértice absoluto del sistema. No como un organismo más, sino como autoridad superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con control presupuestario, poder de designación y capacidad de supervisión sobre áreas que durante años funcionaron con márgenes de autonomía.

El argumento oficial es técnico: eliminar superposiciones, mejorar la coordinación y adaptarse a amenazas contemporáneas. El mensaje político, sin embargo, es inequívoco: menos fragmentación, más verticalidad.

El fin del archipiélago informativo

Durante décadas, la inteligencia argentina operó como un archipiélago: múltiples islas, escasa coordinación y lógicas propias. El DNU intenta clausurar ese modelo mediante la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional, un espacio que integra a la SIDE, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y otros organismos estratégicos.

El objetivo es centralizar la producción de inteligencia estratégica. El efecto colateral es otro: reducir zonas grises de poder, históricamente utilizadas tanto para la autopreservación burocrática como para disputas internas.

A ese esquema se suma la Comunidad Informativa Nacional, que incorpora ministerios y agencias civiles que no producen inteligencia, pero manejan datos clave. Migraciones, Aduana, RENAPER y organismos del área nuclear pasan a formar parte de un circuito informativo más estructurado. Información que antes fluía de manera informal ahora queda institucionalizada.

Ciberespacio, contrainteligencia y control

Uno de los cambios más significativos es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El Gobierno divide funciones: por un lado, la protección del ciberespacio; por otro, la producción de inteligencia digital. Una distinción que responde tanto a estándares internacionales como a la creciente centralidad del dominio digital en la seguridad nacional.

En la misma línea, la antigua Agencia de Seguridad Nacional se reconvierte en Agencia Nacional de Contrainteligencia, con una definición explícita de su misión: detectar espionaje, sabotaje e injerencia extranjera. No es un detalle menor. En un contexto global de disputas híbridas, Milei decide nombrar el problema y darle rango legal.

Militares, gastos reservados y disciplina interna

El reordenamiento alcanza también a la inteligencia militar, con la eliminación de una estructura redundante y la transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto. Menos capas, más control.

La creación de una Inspectoría General de Inteligencia, con mayores facultades de auditoría, busca responder a una deuda histórica del sistema: el control interno. Al mismo tiempo, el decreto refuerza el carácter encubierto de las operaciones y habilita el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, siempre bajo autorización de la SIDE.

Control y secreto, una vez más, conviven en tensión.

El Congreso, en segundo plano

Como todo DNU, la reforma deberá pasar por la Comisión Bicameral. Pero el mensaje del Ejecutivo es claro: la urgencia no admite demoras. Milei gobierna con la convicción de que el tiempo político es escaso y que el poder —especialmente el poder sensible— no puede esperar consensos.

La reforma del sistema de inteligencia no es solo una cuestión administrativa. Es una definición sobre cómo se organiza el Estado, quién administra la información estratégica y cómo se ejerce el control en un gobierno que desconfía de las estructuras heredadas.

En ese tablero, la SIDE vuelve al centro. No como un fantasma del pasado, sino como una pieza clave del presente.