La Corte Suprema de Justicia le propinó un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. El máximo tribunal rechazó los planteos impulsados por el Estado Nacional para apartar a jueces que intervienen en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y mantuvo intacta la integración judicial del expediente.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes descartaron los argumentos oficiales y ratificaron que el hecho de ejercer la docencia en universidades nacionales no constituye, por sí solo, una causal de parcialidad o interés personal que justifique una recusación.

La decisión representa una derrota procesal para la Casa Rosada en una causa considerada estratégica, ya que podría definir el futuro de los fondos destinados a las universidades nacionales, los salarios docentes, las becas estudiantiles y el funcionamiento general del sistema de educación superior.

Qué discutía el Gobierno

El Estado Nacional había solicitado apartar a magistrados de distintas instancias judiciales argumentando que algunos de ellos desarrollan actividades académicas en universidades públicas y que esa condición podía afectar su imparcialidad al momento de resolver un litigio relacionado con el financiamiento universitario.

La ofensiva judicial también alcanzó a los propios integrantes de la Corte Suprema, a quienes el Gobierno pretendía que se excusaran de intervenir en el expediente.

Sin embargo, el máximo tribunal rechazó todos los planteos y sostuvo que las recusaciones deben interpretarse de manera restrictiva y sólo proceden cuando existe un interés directo, concreto y relevante en el resultado del proceso.

La respuesta de la Corte

En su fallo, los jueces señalaron que desempeñarse como docente en una universidad pública no implica automáticamente un beneficio personal derivado del resultado de la causa.

Además, remarcaron que las partes no pueden utilizar los pedidos de excusación como una herramienta para modificar la composición de los tribunales o influir en la integración del máximo órgano judicial del país.

La decisión ratifica el criterio que ya habían adoptado instancias inferiores, donde también fueron rechazados planteos similares formulados por el Estado.

Uno de los casos más mencionados fue el del juez Enrique Cormick, cuya participación había sido cuestionada por el Gobierno debido a su actividad académica. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ya había descartado esa objeción por falta de fundamentos concretos.

El conflicto de fondo sigue abierto

Pese al impacto político del fallo, la Corte todavía no resolvió el tema central del expediente.

La discusión principal gira en torno a la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y al decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la ejecución de la norma a la disponibilidad de recursos presupuestarios específicos.

Las universidades nacionales y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional reclaman que se declare la inconstitucionalidad del decreto y que el Estado cumpla plenamente con la ley aprobada por el Congreso.

Por su parte, la administración de Javier Milei sostiene que la implementación de la norma requiere previsión presupuestaria y busca limitar su aplicación inmediata.

Una disputa que excede los tribunales

La causa judicial se desarrolla en paralelo a una creciente tensión política entre el Gobierno y las universidades públicas.

Durante los últimos meses se sucedieron paros docentes, movilizaciones estudiantiles y reclamos de rectores por el deterioro presupuestario y salarial del sector.

En ese contexto, el expediente se convirtió en una de las principales batallas institucionales entre la Casa Rosada y el sistema universitario argentino.

Aunque el fallo conocido este jueves no resuelve la cuestión de fondo, sí elimina uno de los obstáculos procesales que había planteado el Ejecutivo y permite que la causa continúe avanzando.

La decisión final de la Corte sobre la constitucionalidad del decreto y el alcance de la ley podría tener consecuencias directas sobre el financiamiento de las universidades públicas en todo el país y convertirse en uno de los fallos más trascendentes del año para el sistema educativo argentino.