Mientras el gobierno de Javier Milei intenta apagar el incendio político por los viajes oficiales cuestionados, una nueva denuncia vuelve a colocar a Manuel Adorni en el centro de la escena. Esta vez, no se trata de aviones ni comitivas, sino de ladrillos, dólares y un country premium en la provincia de Buenos Aires.

La diputada Marcela Pagano amplió su presentación por presunto enriquecimiento ilícito y puso el foco en una vivienda que, según sostiene, no figura en la declaración jurada del funcionario. El dato no es menor: se trataría de una casa de dos plantas en el exclusivo Country Indio Cuá Golf Club, un enclave residencial de alta gama donde el silencio vale tanto como el metro cuadrado.

Según la denuncia, la propiedad estaría ubicada cerca del hoyo 17 del campo de golf, una referencia que en ese tipo de desarrollos no es decorativa: es sinónimo de status y cotización. En ese mercado, las viviendas similares se mueven en una franja que va de los US$129.000 a los US$249.000, dependiendo del tamaño, la ubicación y el nivel de construcción.

Pero el verdadero ruido no está solo en el valor de la propiedad, sino en el costo de sostenerla. Las expensas mensuales —siempre según la presentación— rondarían el millón de pesos, una cifra que, cruzada con los ingresos declarados por el funcionario, abre interrogantes incómodos.

Pagano fue más allá: aseguró que las expensas del lote en cuestión figurarían a nombre de Bettina Angeletti, pareja de Adorni, lo que podría sugerir un vínculo patrimonial o de posesión no informado ante la Oficina Anticorrupción.

En paralelo, la última declaración jurada del vocero —correspondiente a 2024— muestra un patrimonio mucho más austero: apenas dos inmuebles, uno en la Ciudad de Buenos Aires (compartido) y otro en La Plata. Ninguna mención a countries, lotes premium ni construcciones recientes.

La denuncia judicial también traza un cuadro más amplio: viajes costosos —como un vuelo privado a Punta del Este estimado en US$10.000 y un pasaje premium a Nueva York por más de US$5.000—, gastos con tarjeta bajo la lupa y ahorros en dólares que permanecen congelados en torno a los US$48.720. Un combo que, para la denunciante, no cierra.

En la Argentina de la motosierra, donde el discurso oficial se apoya en el ajuste y la austeridad, cada inconsistencia patrimonial se vuelve dinamita política. Y en ese tablero, la supuesta casa en el country no es solo un dato inmobiliario: es un símbolo.

La causa ya está en manos de la Justicia Federal. Habrá que ver si se trata de una omisión administrativa, un error declarativo o algo más profundo. Por ahora, el expediente crece y el ruido también.