La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires quedó temporalmente frenada por una decisión judicial que abrió un nuevo frente de conflicto entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei.

El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo sistema en territorio bonaerense, luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que representa a adolescentes privados de su libertad.

La resolución no declaró inválida la Ley 27.801 ni eliminó la reforma que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes. La suspensión es preventiva y busca determinar si existen las condiciones necesarias para aplicar la normativa sin vulnerar derechos fundamentales.

Uno de los principales cambios de la nueva legislación es la reducción de la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años para determinados delitos contemplados en el Código Penal.

Falta de infraestructura: el argumento central de la Justicia

El eje del fallo está puesto en la capacidad del sistema bonaerense para absorber a los adolescentes que podrían quedar alcanzados por el nuevo régimen.

La jueza Pascual sostuvo que la Provincia no cuenta actualmente con infraestructura y recursos materiales suficientes para afrontar ese eventual incremento. La preocupación alcanza a las condiciones edilicias, los equipos profesionales y los dispositivos destinados al cumplimiento de las medidas judiciales.

La magistrada aclaró que su decisión no implica rechazar la reducción de la edad de imputabilidad. El planteo apunta a las condiciones concretas en las que debe aplicarse la reforma.

En ese sentido, advirtió que un adolescente privado de su libertad sin acceso adecuado a educación, capacitación laboral o asistencia terapéutica puede atravesar el sistema penal sin herramientas para su posterior reinserción social.

La organización que presentó el hábeas corpus, vinculada al trabajo social con jóvenes en contextos de vulnerabilidad, respaldó la decisión judicial y puso el foco en las deficiencias de infraestructura y recursos profesionales.

Kicillof y Milei vuelven a cruzarse por la seguridad

El fallo rápidamente abandonó el terreno estrictamente judicial y se transformó en una nueva disputa política.

Dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO cuestionaron a Axel Kicillof y responsabilizaron a la administración bonaerense por las dificultades para implementar el nuevo régimen.

Patricia Bullrich acusó al gobernador de ubicarse “del lado de los delincuentes”, mientras que Diego Santilli cuestionó su posición frente a la decisión judicial y vinculó la discusión con la crisis de seguridad bonaerense.

Desde la Provincia, la respuesta fue contundente. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, cuestionó que se responsabilizara al Ejecutivo provincial por una resolución adoptada por el Poder Judicial.

El funcionario planteó además que la reducción de la edad de imputabilidad requiere mucho más que una modificación legislativa: nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de alojamiento, infraestructura y personal capacitado.

La discusión incorpora así otro componente central: el financiamiento.

Alonso sostuvo que la Nación debe aportar los recursos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo esquema y cuestionó la falta de transferencias a la Provincia. Desde su perspectiva, sin inversión y estructura, la reforma puede quedar limitada a un cambio normativo sin capacidad real de aplicación.

El PRO y los libertarios apuntan contra la Provincia

El argumento bonaerense fue rechazado por el PRO. El bloque de diputados nacionales conducido por Cristian Ritondo sostuvo que la falta de infraestructura o personal no puede convertirse en una razón para suspender una ley aprobada por el Congreso.

Los legisladores reclamaron que la Provincia acondicione los centros y garantice equipos especializados y dispositivos de contención y reinserción.

La Libertad Avanza bonaerense también profundizó las críticas. Sebastián Pareja acusó a Kicillof de sostener un modelo que garantiza impunidad, mientras que otros referentes libertarios asociaron la suspensión judicial con la crisis de seguridad.

Pero la Provincia insiste sobre un dato político y jurídico: la suspensión no fue dispuesta por Kicillof ni por ningún funcionario bonaerense, sino por una jueza provincial a partir de una presentación judicial de una organización social.

Qué pasará con el nuevo Régimen Penal Juvenil

La suspensión tendrá una instancia clave el próximo 16 de septiembre, cuando se realice una audiencia en la que funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán explicar qué medidas están tomando para adecuar la infraestructura y cuáles son los plazos previstos.

La jueza planteó que durante estos 60 días deberá definirse quién estará a cargo del seguimiento de cada adolescente, con qué recursos funcionarán los centros de detención y cómo se implementarán las alternativas al encierro previstas por la legislación.

El conflicto deja así una discusión que excede la edad de imputabilidad. El debate ahora alcanza la capacidad concreta del Estado para aplicar una reforma penal juvenil, el financiamiento necesario y la coordinación entre Nación y Provincia.

Mientras la política discute responsabilidades, la Justicia puso una condición concreta sobre la mesa: no alcanza con cambiar la ley si el Estado no cuenta con la estructura necesaria para cumplirla sin vulnerar los derechos de los adolescentes.