El concejal electo de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de San Vicente, Ignacio “Nacho” Contreras, fue detenido este domingo en el marco de una causa por violencia de género, luego de que su pareja lo denunciara por un violento episodio ocurrido en su domicilio.

Según fuentes policiales, el hecho se registró en un campo ubicado en las afueras del distrito, donde Contreras —de 51 años— reside junto a su pareja, una joven de 24. La mujer se comunicó con el 911 tras una fuerte discusión en la que el dirigente habría efectuado disparos con un arma de fuego, lo que motivó un operativo del Comando Rural de San Vicente.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y varias vainas servidas, que quedaron incorporadas como prueba en la investigación. La causa quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a cargo de la doctora Karina Guyot, quien ordenó el traslado del imputado a la Comisaría Primera del distrito.

En tanto, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Alejandro Korn para brindar su testimonio y recibir asistencia.

Un video y el impacto político

En las horas posteriores a la denuncia, circuló un video presuntamente grabado por la víctima, en el que se observa una discusión entre ambos. Si bien las imágenes no muestran violencia física directa, su difusión en redes sociales y grupos de WhatsApp multiplicó el impacto del caso en la comunidad local.

Contreras es propietario de la cadena “Lácteos Mi Viejo” y encabezó la lista municipal de La Libertad Avanza en las elecciones del pasado 7 de septiembre, donde obtuvo una banca en el Concejo Deliberante de San Vicente. Tenía previsto asumir el 10 de diciembre, pero su situación judicial podría complicar su futura asunción.

Hasta el momento, La Libertad Avanza no emitió ningún comunicado oficial respecto de la detención. Sin embargo, en los pasillos políticos del distrito ya se especula con una posible suspensión preventiva o reemplazo dentro del bloque libertario local.

El episodio reaviva el debate sobre la responsabilidad política frente a casos de violencia de género y la conducta de los representantes electos. La investigación judicial continúa y se aguardan los resultados de las pericias balísticas y psicológicas para definir la imputación formal contra Contreras.