La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el delito de abuso de autoridad tras haber solicitado allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de a los estudios de Carnaval Stream, en el marco de una investigación por presunta violación a la Ley de Inteligencia.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien advirtió que el Gobierno Nacional “utiliza la denuncia penal como una herramienta de intimidación para amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”.

El pedido de Bullrich

La presentación original había sido realizada por Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad, quien solicitó a la Justicia que se ordene un “allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, con incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups y toda la documentación vinculada a la difusión del material investigado”.

El escrito también reclamaba medidas cautelares para impedir la “difusión, reproducción o circulación de audios y material audiovisual” surgidos de una supuesta operación de inteligencia ilegal. Para Dalbón, ese planteo “configura un intento de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Nacional”.

Libertad de expresión en la mira

El abogado consideró que el accionar de Bullrich es “un ejemplo paradigmático de extralimitación funcional”, dado que la solicitud de prohibir la difusión de información periodística “resulta contraria a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

En su denuncia, Dalbón advirtió que “el Gobierno no solo apunta contra periodistas concretos, sino que busca limitar al conjunto de los medios y plataformas digitales, lo cual constituye una forma de censura indirecta y masiva”.

Impacto político

El caso generó una ola de repercusiones en el ámbito político y mediático. Distintos sectores opositores acusaron al Ejecutivo de pretender instalar un mecanismo de persecución a la prensa, mientras que agrupaciones de periodistas denunciaron un “grave retroceso institucional”.

Bullrich, una de las figuras más duras del gabinete y cercana al presidente Javier Milei, ya había protagonizado otras controversias por sus políticas de seguridad. Ahora, la disputa se traslada al plano judicial y coloca al Gobierno bajo el foco de organismos defensores de la libertad de expresión.

Lo que comenzó como una denuncia por supuesta violación a la Ley de Inteligencia terminó en un frente judicial inesperado: la ministra de Seguridad acusada por abuso de autoridad y censura previa, un terreno delicado que reaviva viejas tensiones entre el poder político y la prensa en la Argentina.

El juez que prohibió publicar audios de Karina Milei tiene 9 denuncias en contra: cinco son por acoso sexual

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.