La Universidad de Buenos Aires (UBA) se convirtió en el epicentro del reclamo contra el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba garantizar recursos adicionales para las casas de estudio públicas y recomponer los salarios docentes. La institución convocó a una marcha masiva al Congreso este miércoles 17 de septiembre a las 17 horas, en simultáneo con la sesión especial de Diputados que debatirá la insistencia del proyecto.

La convocatoria fue difundida en la red social X, donde la UBA remarcó: “Sí a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro. Sumate a defender la Universidad pública”.

SÍ A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Este miércoles 17/09 - 17?h marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro.

Sumate a defender la Universidad pública. pic.twitter.com/Yt6RLalhqu

— UBAonline (@UBAonline) September 14, 2025

En un video compartido en redes, estudiantes reclamaron que la medida es fundamental para sostener el nivel académico: “Queremos cursar, queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores”.

UBA en “estado crítico”

El rector Ricardo Gelpi advirtió que, tras el veto presidencial, la UBA funcionará “en estado crítico”. Señaló que se implementará un plan de restricción de gastos operativos para poder terminar el año.

“El sistema universitario atraviesa una situación incierta porque seguimos funcionando con el Presupuesto 2023, prorrogado en 2024 y 2025, lo que recortó significativamente los recursos para salarios, infraestructura y servicios”, sostuvo Gelpi en conferencia de prensa.

Acompañado por el vicerrector Emiliano Yacobitti, pidió al Congreso que rechace el veto y apruebe la ley para garantizar la continuidad de las universidades nacionales.

Un costo fiscal marginal

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el vicerrector Franco Bartolacci señaló que la norma vetada representaba apenas el 0,14% del PBI, un costo fiscal que consideró “absolutamente marginal” y que, según remarcó, no comprometía las cuentas públicas.

“Con esa inversión mínima, el Presidente tenía la posibilidad de garantizar las condiciones básicas para que las universidades públicas lleguen a fin de año funcionando con normalidad”, explicó Bartolacci.

La marcha universitaria promete convertirse en una de las movilizaciones más importantes en defensa de la educación pública, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y el sistema universitario.