La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional de 72 horas que se realizará los días 12, 13 y 14 de noviembre, profundizando así un conflicto que ya se extiende por más de dos años y amenaza con paralizar el inicio del ciclo lectivo 2026.

El plenario de secretarios generales —con amplia mayoría y participación de sindicatos de todo el país, como Feduba, Adum, Adiuc y AGDU— resolvió avanzar con una estrategia de confrontación escalonada ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

El reclamo principal apunta a la actualización urgente de los salarios y a la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso pero incumplida por la administración libertaria.

“Si el Gobierno persiste en su negativa a aplicar la ley, el conflicto escalará y pondrá en riesgo el inicio de las clases 2026”, advirtieron desde CONADU.

Un sistema al borde del colapso

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, ratificó días atrás que la Ley de Financiamiento Universitario “no será implementada”, aunque prometió un aumento nominal del 17,6% en el presupuesto educativo.
Para los gremios, la cifra resulta “irrisoria” frente a una pérdida salarial acumulada superior al 40%, agravada por el congelamiento presupuestario que afecta directamente al funcionamiento de las universidades nacionales.

“La indiferencia oficial agrava el deterioro del sistema y empuja al conflicto”, señalaron desde la federación, que además coordina acciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que ya prepara una acción judicial contra el Estado por incumplimiento de la ley.

Solidaridad federal y persecución en Formosa

Durante el plenario, los gremios expresaron su solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), que denunciaron persecución institucional por parte de las autoridades.
CONADU denunció que se trata de una sanción “por tener una postura crítica y diferente a la gestión”, lo que agrega un componente político al conflicto académico.

Una educación pública bajo amenaza

El paro universitario de noviembre no solo es una medida de fuerza: es la expresión de una crisis estructural del sistema educativo público argentino, que hoy enfrenta la combinación letal de recorte, desinversión y desgaste social.
La universidad, históricamente símbolo de movilidad y excelencia, se ve empujada al límite por una política que prioriza el ajuste fiscal sobre la inversión en conocimiento.

Mientras tanto, los gremios se preparan para judicializar el conflicto y el Ejecutivo mantiene su decisión de no aplicar la norma.
El próximo miércoles comenzará un nuevo capítulo de esta pulseada. Si no hay acuerdo, las universidades podrían no iniciar el ciclo 2026.