En un contexto político cargado de tensiones, el nombre de Manuel Adorni vuelve a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no por sus cruces con la prensa ni por el polémico vuelo privado a Punta del Este, sino por la incorporación de un nuevo inmueble a su patrimonio.

Según registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble, el funcionario habría adquirido un departamento en el barrio porteño de Caballito sin desprenderse de su vivienda previa en Parque Chacabuco. El nuevo inmueble, ubicado sobre la calle Miró al 500, figura a nombre de Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti.

El dato no es menor: ambos aparecen ahora como titulares de al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, lo que vuelve a poner bajo análisis la evolución patrimonial del funcionario desde su desembarco en el gobierno de Javier Milei.

Declaraciones juradas y zonas grises

El punto más sensible gira en torno a la última declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete, donde el nuevo inmueble aún no figura. Consultado por esta situación, Adorni evitó profundizar y se limitó a señalar que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

La explicación, si bien formalmente válida, no logró disipar las dudas en un clima político donde la transparencia patrimonial se convirtió en un eje de disputa permanente.

Un escándalo que se acumula

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos recientes que vienen erosionando la figura de Adorni dentro del oficialismo. Entre ellos, el viaje en avión privado a Punta del Este, las críticas por su declaración de ingresos y los señalamientos sobre posibles inconsistencias en su patrimonio.

En paralelo, también se conocieron datos sobre otras operaciones inmobiliarias vinculadas a su entorno familiar, lo que amplificó el ruido político y mediático.

Puertas adentro del Gobierno, el tema genera incomodidad. Si bien desde la Casa Rosada se sostiene el respaldo al funcionario, crecen las voces —algunas públicas, otras en reserva— que advierten sobre el costo político de sostener a figuras bajo cuestionamiento en un contexto económico delicado.

Transparencia en tiempos de crisis

El caso Adorni irrumpe en un momento especialmente sensible para la administración de Javier Milei, atravesada por ajustes, reformas estructurales y una creciente conflictividad social.

En ese escenario, cualquier señal vinculada al manejo de los recursos personales de los funcionarios adquiere una dimensión mayor. No se trata solo de legalidad, sino también de legitimidad política.

Mientras tanto, la oposición ya tomó nota y prepara nuevas embestidas en el Congreso, donde la discusión sobre ética pública promete escalar en las próximas semanas.

El oficialismo, por su parte, apuesta a que el tema pierda centralidad. Pero en la Argentina de hoy, donde la desconfianza es moneda corriente, cada dato suma y cada silencio pesa.