El Gobierno nacional dispuso eliminar los pagos que el Estado realizaba a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantadas, pacientes oncológicos y otros grupos vulnerables en Argentina. La decisión, formalizada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, mantiene el derecho a viajar sin costo, pero traslada la carga económica al sector privado.

Qué establece la Resolución 28/2026 en Argentina

La normativa oficial deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia.

Sin embargo, aclara que el derecho de las personas beneficiarias a acceder a pasajes gratuitos sigue vigente y debe ser garantizado por las compañías de transporte.

Qué cambia para las empresas de transporte

A partir de esta decisión, las empresas ya no recibirán reembolsos por los boletos sin costo que otorgan a los pasajeros contemplados en el sistema.

Esto implica que deberán absorber el costo de esos viajes, lo que podría generar tensiones en el sector y posibles cambios en la disponibilidad de pasajes.

Quién controlará el cumplimiento de los pasajes gratuitos

La responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la medida recaerá en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El organismo deberá garantizar que las empresas continúen otorgando los pasajes gratuitos, a pesar de la eliminación de los subsidios estatales.

Qué grupos siguen teniendo derecho al beneficio

El derecho al transporte gratuito se mantiene para:

• Personas con discapacidad
• Pacientes trasplantados o en lista de espera
• Niños, niñas y adolescentes con cáncer

Estos sectores continuarán accediendo al beneficio, aunque en un nuevo esquema sin financiamiento directo del Estado.

Antecedentes y contexto del recorte en subsidios

La medida se enmarca en la política de reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei.

En los últimos meses, distintas áreas del Estado avanzaron con recortes en subsidios, incluyendo energía, transporte y programas sociales.

Análisis: tensión entre ajuste fiscal y derechos garantizados

La eliminación de estos pagos abre un escenario complejo en Argentina. Por un lado, el Gobierno busca reducir el gasto público; por otro, mantiene derechos que ahora dependen de la capacidad del sector privado para sostenerlos. Esto podría derivar en conflictos operativos, menor oferta o judicialización si las empresas no cumplen con la prestación.