El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la tormenta. Luego de que el Congreso de la Nación rechazara su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad con una mayoría abrumadora, la Casa Rosada decidió promulgar la norma, pero al mismo tiempo trabar su aplicación de manera indefinida.

El Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, deja en claro la estrategia: la ley se reconoce formalmente, pero queda sin ejecución hasta que el Congreso defina fuentes específicas de financiamiento.

Una ley votada por amplia mayoría, ahora en suspenso

La norma —Ley N° 27.793— declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y buscaba garantizar la continuidad del sistema de prestaciones que hoy atraviesa un cuadro crítico. Incluye pensiones no contributivas, acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, actualización de aranceles, compensaciones económicas de emergencia a prestadores y beneficios para empleadores que contraten personas con discapacidad.

Sin embargo, el artículo 2 del decreto oficial establece: “Comuníquese al H. Congreso de la Nación (…) con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley”.

El costo fiscal, el argumento del Gobierno

Desde la Casa Rosada justificaron la medida en el impacto fiscal. Según cálculos oficiales, la implementación total demandaría más de 3 billones de pesos, equivalente al 0,35% del PBI, sin considerar la ampliación de beneficiarios ni el crecimiento de programas complementarios como Incluir Salud.

La decisión deja al sistema en una zona gris: por un lado, se reconoce la emergencia; por el otro, se posterga el alivio esperado por pacientes, familias y prestadores.

Un sector en crisis, a la espera de definiciones

La suspensión genera fuerte malestar en organizaciones sociales, profesionales de la salud y familias que advierten que la ley corre riesgo de convertirse en letra muerta. El Congreso, mientras tanto, deberá decidir si incorpora las partidas presupuestarias en el Presupuesto 2026 o si busca otro mecanismo para garantizar la aplicación.