La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa un momento clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la redacción de un requerimiento formal para que el funcionario explique el origen de su patrimonio, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales federales.

La medida representa un paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria y surge a partir de las dudas detectadas sobre la relación entre los ingresos declarados por Adorni y el patrimonio que figura bajo su titularidad.

Según trascendió de fuentes judiciales, la fiscalía aguarda los resultados de un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo dependiente de la Procuración General de la Nación. El estudio busca determinar con precisión el alcance de las presuntas inconsistencias patrimoniales detectadas.

En paralelo, los investigadores analizan movimientos financieros vinculados a operaciones con criptomonedas realizadas por el funcionario. La investigación también se centra en la falta de presentación de su última declaración jurada de bienes, un documento que aún no fue difundido pese a que semanas atrás tanto Adorni como el presidente Javier Milei habían asegurado públicamente que sería presentado en el corto plazo.

De acuerdo con la información judicial, los informes técnicos definitivos podrían demorar alrededor de 90 días. Una vez finalizados, el fiscal definirá si las explicaciones patrimoniales son suficientes para cerrar la causa o si corresponde avanzar con medidas más profundas.

Si la intimación se concreta, Adorni deberá detallar el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados por los investigadores. En caso de que la documentación presentada no logre justificar adecuadamente el patrimonio cuestionado, la fiscalía podría solicitar formalmente su declaración indagatoria.

Otra causa bajo investigación

La situación judicial del jefe de Gabinete no se limita a esta causa. De manera paralela, enfrenta otro expediente que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

En esa investigación se analizan contratos de coproducción firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse, perteneciente a Marcelo Grandio, señalado como un amigo cercano de Adorni. El vínculo entre ambos quedó bajo observación luego de que surgieran dudas sobre viajes compartidos y movimientos económicos previos al desembarco del funcionario en el Gobierno nacional.

Según trascendió, la Justicia detectó presuntas transferencias de dinero desde la empresa hacia Adorni antes de su llegada a la función pública. A raíz de ello, el juez ordenó una serie de medidas de prueba que incluyen el análisis de comunicaciones telefónicas y registros de geolocalización para determinar si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública o eventuales beneficios indebidos.

Fuentes vinculadas a la investigación estiman que, una vez concluidas las pericias pendientes, podría definirse una citación a indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.

Mientras tanto, el avance simultáneo de ambas causas coloca al jefe de Gabinete en el centro de una creciente presión judicial que amenaza con convertirse en uno de los principales focos de conflicto político para el Gobierno nacional.