El Gobierno de Javier Milei presentó este jueves en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tomó como punto de partida la disputa por las Islas Malvinas y el avance de proyectos de explotación petrolera en el Atlántico Sur, pero que finalmente propone una modificación mucho más amplia del sistema argentino de seguridad y defensa.

El texto reemplaza el régimen previsto por la Ley 26.659 y amplía las sanciones contra empresas vinculadas con actividades no autorizadas en Malvinas. Pero además incorpora herramientas que abarcan cuestiones económicas, diplomáticas, militares, de inteligencia, ciberseguridad e infraestructura estratégica.

Un proyecto que cambia el alcance de la Seguridad Nacional

Uno de los puntos centrales es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo de Seguridad Nacional que estará bajo la órbita presidencial.

El organismo estará integrado de manera permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica.

La propuesta busca concentrar bajo una estrategia común áreas que actualmente funcionan en distintos ámbitos del Estado: Defensa, Cancillería, Economía, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.

La propia Casa Rosada presentó el proyecto como una herramienta para coordinar la respuesta del Estado frente a amenazas externas y como parte de una estrategia vinculada con la defensa de la soberanía argentina.

Multas millonarias y hasta 20 años de prisión

El capítulo referido a Malvinas endurece considerablemente las sanciones.

La iniciativa ya no se limita a la explotación de hidrocarburos. También alcanza otros recursos naturales renovables y no renovables y extiende la responsabilidad a socios, accionistas, controlantes y proveedores que participen de operaciones consideradas ilegales por la legislación argentina.

Las multas administrativas podrían llegar a un equivalente de 500.000 barriles de petróleo, mientras que las inhabilitaciones podrían extenderse entre cinco y 20 años.

En materia penal, el proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades vinculadas con la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales. En el caso de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas previstas van de 15 a 20 años.

Además, las empresas sancionadas podrían quedar impedidas de contratar con organismos públicos y privados y perder habilitaciones, beneficios fiscales o contratos vigentes.

El régimen de derribo vuelve al centro de la discusión

Otro de los puntos que seguramente generará debate parlamentario es el regreso de un régimen de protección aeroespacial que contempla el uso de la fuerza frente a aeronaves consideradas hostiles.

El proyecto establece una secuencia que comienza con la identificación del avión, continúa con advertencias y órdenes y puede avanzar hacia una declaración de tránsito aéreo hostil.

El uso de la fuerza aparece como último recurso y requiere una orden expresa e inequívoca del Presidente, aunque esa facultad podría ser delegada en el ministro de Defensa.

La propuesta recupera así una herramienta que había sido establecida durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016 y posteriormente derogada durante la administración de Alberto Fernández en 2023.

También habrá nuevas reglas para barcos

La iniciativa incorpora un procedimiento específico para el control de embarcaciones consideradas de interés.

El proyecto contempla identificación, órdenes de detención, persecución bajo determinadas condiciones, inspecciones y disparos de advertencia.

En una instancia posterior, podría utilizarse la fuerza para inutilizar un buque, procurando afectar sus sistemas de propulsión o gobierno.

El hundimiento queda reservado para situaciones extremas frente a un buque considerado hostil y requeriría autorización presidencial expresa. El texto establece, además, que un barco civil no podrá ser hundido como sanción o simplemente para impedir una fuga.

El Gobierno podrá aplicar medidas económicas frente a amenazas externas

El proyecto también incorpora una herramienta de fuerte impacto económico.

Ante lo que el Consejo considere un riesgo o amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional, se prevé la posibilidad de aplicar restricciones sobre operaciones cambiarias, transferencias, pagos bancarios, importaciones y exportaciones.

También se contemplan restricciones para acceder a créditos, subsidios y beneficios fiscales, además de la posibilidad de inmovilizar fondos y otros activos bajo jurisdicción argentina.

Una de las medidas más particulares permite elevar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, con un límite de hasta 75%.

Cambios en la influencia extranjera sobre la política argentina

El proyecto también modifica las reglas relacionadas con el financiamiento político.

Busca impedir que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen o ejecuten actividades de campaña electoral o propaganda.

Además, incorpora nuevos delitos relacionados con operaciones financiadas o dirigidas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales o desarrollar campañas coordinadas de desinformación masiva.

Las penas previstas para algunas de estas conductas llegan a 15 años de prisión, mientras que determinados delitos vinculados con secretos de Estado podrían alcanzar los 20 años en circunstancias específicas.

Infraestructura crítica: energía, comunicaciones y centros de datos

Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de un régimen nacional de protección de infraestructuras críticas.

El concepto incluye instalaciones, redes y sistemas públicos o privados considerados esenciales para servicios básicos, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento del Estado.

El proyecto menciona especialmente los centros de datos y la infraestructura tecnológica, cuya afectación podría generar consecuencias relevantes para el funcionamiento del país.

El Consejo de Seguridad Nacional deberá elaborar una estrategia específica y un plan nacional de protección, con actualizaciones periódicas.

Un régimen para que las empresas abandonen actividades cuestionadas

La iniciativa también incorpora un mecanismo destinado a quienes decidan abandonar actividades realizadas sin autorización argentina.

El denominado Régimen de Desistimiento y Regularización permitiría a determinados sujetos cesar la actividad, comprometerse a no reincidir y optar por el pago de una multa o la reconversión de inversiones hacia actividades legales dentro de la Argentina.

Si cumplen con las condiciones previstas, podrían suspenderse procedimientos administrativos y acciones penales, con posibilidades de archivo y extinción de la acción penal bajo determinados requisitos.

El RePET también tendrá rango legal

El proyecto incorpora además al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) dentro del esquema legal.

El registro alcanzaría a personas y organizaciones vinculadas con terrorismo, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva.

Los sujetos obligados por la normativa antilavado deberían inmovilizar fondos y activos vinculados con personas o entidades incorporadas al registro y comunicar la situación a la Unidad de Información Financiera.

De Malvinas a una nueva arquitectura de seguridad

El proyecto que Milei presentó como respuesta a la disputa por los recursos del Atlántico Sur terminó adquiriendo un alcance mucho mayor.

La iniciativa reúne en una misma estructura Malvinas, Defensa, inteligencia, política exterior, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica, control aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo.

Ahora comenzará el recorrido parlamentario. Su eventual aprobación implicaría modificar distintas normas vigentes y establecer una nueva arquitectura institucional para abordar las amenazas que el Estado argentino considere vinculadas con su Seguridad Nacional.