El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva actualización de las jubilaciones y pensiones, pero el incremento volvió a quedar lejos de revertir la situación crítica de millones de adultos mayores. A través de la Resolución 21/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Anses estableció un aumento del 2,85% a partir de febrero, en línea con la inflación de diciembre medida por el Indec, aunque con un rezago de dos meses.

Con esta actualización, el haber mínimo del sistema previsional pasará a ser de $359.254,35, una cifra que mantiene a los jubilados por debajo de la línea de pobreza. Según los últimos datos oficiales, la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto se ubicó en $423.532 en diciembre, lo que implica que la jubilación mínima apenas alcanza a cubrir el 84% de ese umbral.

El ajuste confirma una tendencia que se repite desde el inicio de la gestión de Javier Milei: los aumentos previsionales siguen el índice de precios, pero lo hacen con retraso, consolidando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en un contexto de alta sensibilidad social.

La brecha se amplía aún más cuando se observan otros indicadores. La Defensoría de la Tercera Edad elabora una Canasta Básica específica para jubilados, que incluye gastos en medicamentos, salud y servicios esenciales. En octubre de 2025, ese cálculo ascendía a $1.514.074, lo que significa que el haber mínimo cubriría hoy menos del 24% de las necesidades reales de un adulto mayor.

Además del haber mínimo, la resolución también fijó los nuevos valores del resto de las prestaciones previsionales. El haber máximo se elevará en febrero a $2.417.441,63, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) quedó establecida en $164.342,47. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $287.403,48.

Desde el Ejecutivo destacan que el esquema de actualización busca preservar el equilibrio fiscal y evitar desbordes en el gasto público. Sin embargo, el impacto social de los aumentos sigue siendo motivo de críticas, especialmente en un escenario donde los jubilados aparecen como uno de los sectores más golpeados por el ajuste.

La combinación de inflación pasada, ingresos rezagados y eliminación de subsidios coloca al sistema previsional en el centro del debate económico. Mientras el Gobierno defiende la disciplina fiscal como pilar de su programa, los números reflejan que, al menos por ahora, jubilarse en Argentina sigue siendo sinónimo de caer por debajo de la pobreza.