A casi un mes del brutal triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, la investigación judicial sumó un nuevo capítulo. El fiscal Adrián Arribas, a cargo del expediente, dispuso una nueva ronda de indagatorias para ocho de los nueve detenidos, tras lo que definió como “nuevas interpretaciones” en el caso.

La resolución judicial incorpora dos nuevas imputaciones a las ya existentes: homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad coactiva agravada. Con esto, los acusados enfrentan un cuadro penal mucho más grave, que podría derivar en penas de prisión perpetua.

El caso conmocionó al país desde que los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados en una zona descampada de Florencio Varela, el pasado 22 de septiembre. Desde un principio, la principal hipótesis del fiscal apuntó a un ajuste narco vinculado al robo de droga, pero en las últimas semanas surgieron elementos que fortalecieron la teoría de un secuestro previo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta. Se habrían subido voluntariamente a una camioneta Tracker blanca, sin sospechar que se dirigían a una casa donde luego serían retenidas contra su voluntad. Según el dictamen, “fueron secuestradas y posteriormente asesinadas para ocultar el primer delito”.

Las conclusiones surgen de pericias sobre celulares, cámaras de seguridad y testimonios cruzados que permitieron redefinir la participación de cada acusado. En ese marco, la causa ahora será derivada a la Justicia Federal, con intervención de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad), por la evidente conexión con el tráfico de drogas.

Entre los imputados, la Fiscalía dividió las responsabilidades en dos grupos.
El Grupo I, señalado como principal ejecutor, está integrado por Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (alias “El Duro”) y Maximiliano Andrés Parra (“Maxi”). A ellos se los acusa de coautores de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

El Grupo II, conformado por Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra, afronta las mismas figuras delictivas, aunque sin el agravante de violencia de género. Para Arribas, estas tres mujeres habrían actuado como colaboradoras en la captación y retención de las víctimas.

Fuentes judiciales consultadas indicaron que la prueba recolectada incluye mensajes de WhatsApp y registros de geolocalización que vinculan directamente a los imputados con el momento del secuestro y el lugar donde se produjo el crimen. Además, se espera la incorporación de nuevas pericias sobre ADN hallado en el vehículo y en prendas de las víctimas.

El giro judicial no solo redefine las imputaciones, sino que abre la posibilidad de que se amplíe la investigación hacia una red criminal más amplia, con conexiones en el narcotráfico bonaerense. “Estamos ante un hecho de extrema gravedad, con indicios claros de planificación y motivación vinculada al mercado de drogas”, señalaron fuentes del Ministerio Público.

Mientras tanto, familiares y allegados de Lara, Brenda y Morena continúan reclamando justicia y mayor celeridad en el proceso. El recuerdo de las tres jóvenes asesinadas sigue marcando a Florencio Varela, una localidad golpeada por la violencia y el narcotráfico que no encuentra alivio.