En la Argentina, las sesiones extraordinarias suelen funcionar como un termómetro político: revelan prioridades, alianzas y los límites del poder real. El anuncio de Manuel Adorni, convertido ya en una especie de jefe de Gabinete vocero, dejó al descubierto el alcance del paquete legislativo que el Gobierno enviará al Congreso desde el 11 de diciembre.

El dato central no radica en lo que se presenta, sino en lo que se excluye: la coparticipación federal y la reforma previsional. Dos piezas que Milei necesita para reformular el sistema tributario y desarmar el déficit estructural, pero que —por razones políticas— se postergan. La ausencia de los gobernadores para discutir coparticipación y la condición de “modernización laboral previa” para la reforma previsional marcan el límite de la correlación de fuerzas.

Lo que sí llega al Parlamento es un programa de reformas que, en conjunto, configura un nuevo orden normativo para propiedad, gasto, impuestos, educación y comercio.

1. Propiedad privada: el corazón ideológico del mileísmo

El oficialismo insiste en que sin reglas inviolables de propiedad no puede haber inversión. El paquete incluye:

• Ley de Expropiaciones con indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizado por IPC y tasado por peritos independientes.

• Desalojos exprés en casos de usurpación, intrusión o tenencia precaria.

• Barrios populares: se elimina la restricción que impedía vender a personas jurídicas.

• Tierras rurales: apertura a capitales extranjeros y fin de prohibiciones productivas post-incendio.

El Gobierno intenta así desarticular restricciones acumuladas en 20 años de políticas defensivas frente a la presión social sobre la tenencia de la tierra.

2. Estabilidad fiscal como ley: el límite a la política

Uno de los capítulos más sensibles es la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que:

• Prohíbe explícitamente el déficit.

• Activa un ajuste automático ante desvíos.

• Penaliza el gasto sin partida y la emisión de adelantos transitorios del Banco Central.

• Limita el endeudamiento provincial en caso de déficit primario.

El Gobierno busca cristalizar su “ancla” fiscal en una norma que obligue a esta y futuras administraciones. Es la versión institucional del discurso de “no hay plata”.

3. Reducción del gasto público: la meta del 25% del PBI

Aunque la consigna es conocida, lo novedoso es el mecanismo:

• Congelamiento del gasto primario real, permitiendo que el crecimiento económico haga el ajuste en términos relativos.

• Incentivo disciplinador: provincias que no cumplan podrían quedar excluidas de los ATN.

Es una reforma que, en los hechos, intenta recentralizar poder financiero en la Nación al condicionar a los gobernadores.

4. Reforma educativa: autonomía, padres y evaluaciones

El Gobierno busca instalar una arquitectura más descentralizada:

• Más autonomía para provincias y escuelas, con contenidos mínimos nacionales.

• Participación activa de los padres en el proyecto pedagógico.

• Habilitación de modalidades híbridas, a distancia y comunitarias.

• Evaluaciones censales y muestrales con resultados públicos.

La obsesión aquí es la rendición de cuentas: medir, comparar, exponer.

5. Reforma tributaria: simplificación y eliminación de impuestos

El capítulo impositivo es ambicioso:

• Simplificación del Impuesto a las Ganancias vía ARCA.

• Incentivos a la formalización laboral durante dos años.

• Reducción de cargas sobre el empleo.

• Exención de IVA a la energía eléctrica industrial.

• Eliminación de una larga lista de impuestos internos (electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, seguros, telefonía celular, cine, servicios audiovisuales, alquileres, renta financiera e inmuebles).

El Gobierno apuesta a que la rebaja impositiva genere actividad, aun cuando las provincias teman un desfinanciamiento.

6. Explotación de recursos naturales: desarmar barreras

Incluye:

• Modificación de la Ley de Glaciares.

• Revisión de “zona fría”, Ley de Bosques y régimen de Acuicultura.

• Eliminación de las leyes de compra provincial y de topes de mano de obra local.

El objetivo es integrar a la Argentina al mercado global de factores sin “cotos provinciales”.

7. Modernización laboral: la batalla identitaria del Gobierno

El capítulo más conflictivo dentro del Congreso:

• Fin de la ultraactividad y nueva prelación de convenios.

• Régimen para trabajadores autónomos y de plataformas (proyecto Ritondo).

• Cambios en trabajo agrario.

• Derogación de normas obsoletas como la Ley de Teletrabajo.

Sin esta pieza, reconoce el Gobierno, la reforma previsional no es viable.

8. Apertura comercial e internacionalización

Finalmente:

• Implementación plena de tratados ya aprobados.

• Avance sobre acuerdos con media sanción (como Patentes).

• Envío de tratados pendientes para actualizar la inserción internacional.

El Ejecutivo busca una arquitectura normativa que habilite competencia externa y nuevas reglas de propiedad intelectual.

Un paquete sin coparticipación ni reforma previsional: la señal de debilidad

Las ausencias son tan reveladoras como las presencias. El Gobierno evita confrontar con los gobernadores y difiere la reforma previsional, consciente de que sin respaldo político y sin reforma laboral previa, el Congreso podría rechazar ambas.

El Consejo de Mayo —una creativa instancia de legitimación— sirvió para ordenar el discurso, pero no garantiza los votos.

La discusión que se abre a partir del 11 de diciembre será, en realidad, la discusión sobre la gobernabilidad de 2026.